Vialidad Nacional

Tras el rechazo en el Congreso de los decretos 461/2025 y 462/2025, que buscaban desmantelar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Dirección Nacional de Vialidad, el Gobierno de Javier Milei ha optado por una nueva estrategia: desfinanciar estos organismos para volverlos irrelevantes y forzar la salida de sus trabajadores.

El Frente de Gremios de Vialidad Nacional hizo un urgente llamado al Senado de la Nación para que derogue de manera inmediata el Decreto 461/2025, firmado por el Gobierno Nacional, que dispone la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

La Cámara de Diputados aprobó la emergencia en el Hospital Garrahan y rechazó cinco decretos que afectaban organismos clave como Vialidad Nacional y el INTA

El Senado ahora debe decidir el futuro del organismo clave para las rutas argentinas

El vaciamiento del organismo estatal y el avance hacia la privatización de rutas generan preocupación entre legisladores santafesinos

La obra responde a una orden judicial que fue ignorada hasta que ocurrió la tragedia. El organismo tenía la responsabilidad de prevenirlo.

La jornada formó parte de una acción federal en rechazo al decreto que dispone la disolución de Vialidad Nacional. Sindicatos, organizaciones sociales y referentes políticos expresaron su respaldo.

La medida cautelar no resuelve el conflicto de fondo, pero representa una luz de esperanza para miles de empleados amenazados por el ajuste estatal.

La medida cautelar no resuelve el conflicto de fondo, pero representa una luz de esperanza para miles de empleados amenazados por el ajuste estatal.

La provincia colocó señalizaciones para advertir el mal estado de las rutas bajo jurisdicción nacional, aunque el mandatario evita confrontar públicamente con el Gobierno de Javier Milei ni expresar preocupación por el desmantelamiento del organismo vial y sus trabajadores.

En julio de 2025, los trabajadores de Vialidad Nacional volvieron a repetir un eco del pasado de lucha. Volvieron a alzar globos negros en sus protestas contra la disolución del organismo, decretada por el gobierno de Javier Milei. Este símbolo, que remite a las luchas de fines de los noventa durante el gobierno de Fernando de la Rúa, representa el luto y la resistencia frente al desmantelamiento de una institución clave para la infraestructura vial argentina.

La disolución de la Dirección Nacional de Vialidad no sólo es un golpe directo a la infraestructura pública del país. Es, ante todo, una muestra contundente de cómo se construye la agenda informativa y política desde una mirada empresarial, en detrimento de los trabajadores.

En las últimas horas, el Gobierno nacional anunció mediante conferencia de prensa el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad. La decisión fue informada por el vocero presidencial Manuel Adorni y será formalizada mediante un decreto en las próximas horas.

El pasado martes, representantes de las y los trabajadores de Vialidad Nacional mantuvieron una reunión con el Administrador del organismo, Marcelo Campoy, en la que se abordaron con franqueza las profundas preocupaciones que atraviesan al sector frente al contexto de ajuste, despidos y amenazas de reestructuración.

El Tribunal Oral Federal N° 2 otorgó este viernes la prisión domiciliaria a Nelson Periotti, exdirector de Vialidad Nacional, condenado a seis años de prisión en la causa Vialidad. La decisión, firmada por los jueces Jorge Gorini y Tomás Cisneros, se fundamenta en la avanzada edad del exfuncionario

La causa Vialidad, por la que fueron condenados Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Nelson Periotti y otros exfuncionarios y empresarios, tuvo como eje una auditoría realizada en 2016 por orden de Javier Iguacel, entonces interventor de Vialidad Nacional.

En lugar de ocuparse del estado de las rutas ante el abandono de la obra pública, Vialidad Nacional fue utilizada como instrumento de provocación en el marco de un nuevo aniversario del último golpe de Estado.

Trabajadores de la dependencia se encuentran en alerta ante una posible reestructuración impulsada por el gobierno de Javier Milei, que podría derivar en una reducción del 30% del personal.