Entrevista al Secretario General del Sindicato del Personal Vial de Santa Fe sobre el nuevo embate del gobierno nacional a través de retiros voluntarios
El siniestro ocurrido entre Gualeguaychú y la frontera con Uruguay se produjo en un tramo con deformaciones profundas, en un contexto de caída histórica de la inversión pública en transporte.
La autoridad nacional dio un plazo perentorio de cinco días para que el dispositivo sea removido, advirtiendo que, en caso de incumplimiento, la propia Vialidad Nacional se encargará de retirarlo.
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) emitió un contundente informe donde cuestiona la legalidad y la conveniencia del nuevo sistema de la Red Federal de Concesiones (RFC) impulsado por el Gobierno Nacional.
Tras el rechazo en el Congreso de los decretos 461/2025 y 462/2025, que buscaban desmantelar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Dirección Nacional de Vialidad, el Gobierno de Javier Milei ha optado por una nueva estrategia: desfinanciar estos organismos para volverlos irrelevantes y forzar la salida de sus trabajadores.
El Frente de Gremios de Vialidad Nacional hizo un urgente llamado al Senado de la Nación para que derogue de manera inmediata el Decreto 461/2025, firmado por el Gobierno Nacional, que dispone la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
La Cámara de Diputados aprobó la emergencia en el Hospital Garrahan y rechazó cinco decretos que afectaban organismos clave como Vialidad Nacional y el INTA
La jornada formó parte de una acción federal en rechazo al decreto que dispone la disolución de Vialidad Nacional. Sindicatos, organizaciones sociales y referentes políticos expresaron su respaldo.
La provincia colocó señalizaciones para advertir el mal estado de las rutas bajo jurisdicción nacional, aunque el mandatario evita confrontar públicamente con el Gobierno de Javier Milei ni expresar preocupación por el desmantelamiento del organismo vial y sus trabajadores.
En julio de 2025, los trabajadores de Vialidad Nacional volvieron a repetir un eco del pasado de lucha. Volvieron a alzar globos negros en sus protestas contra la disolución del organismo, decretada por el gobierno de Javier Milei. Este símbolo, que remite a las luchas de fines de los noventa durante el gobierno de Fernando de la Rúa, representa el luto y la resistencia frente al desmantelamiento de una institución clave para la infraestructura vial argentina.
La disolución de la Dirección Nacional de Vialidad no sólo es un golpe directo a la infraestructura pública del país. Es, ante todo, una muestra contundente de cómo se construye la agenda informativa y política desde una mirada empresarial, en detrimento de los trabajadores.
En las últimas horas, el Gobierno nacional anunció mediante conferencia de prensa el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad. La decisión fue informada por el vocero presidencial Manuel Adorni y será formalizada mediante un decreto en las próximas horas.
El pasado martes, representantes de las y los trabajadores de Vialidad Nacional mantuvieron una reunión con el Administrador del organismo, Marcelo Campoy, en la que se abordaron con franqueza las profundas preocupaciones que atraviesan al sector frente al contexto de ajuste, despidos y amenazas de reestructuración.
El Tribunal Oral Federal N° 2 otorgó este viernes la prisión domiciliaria a Nelson Periotti, exdirector de Vialidad Nacional, condenado a seis años de prisión en la causa Vialidad. La decisión, firmada por los jueces Jorge Gorini y Tomás Cisneros, se fundamenta en la avanzada edad del exfuncionario
La causa Vialidad, por la que fueron condenados Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Nelson Periotti y otros exfuncionarios y empresarios, tuvo como eje una auditoría realizada en 2016 por orden de Javier Iguacel, entonces interventor de Vialidad Nacional.
En lugar de ocuparse del estado de las rutas ante el abandono de la obra pública, Vialidad Nacional fue utilizada como instrumento de provocación en el marco de un nuevo aniversario del último golpe de Estado.
Trabajadores de la dependencia se encuentran en alerta ante una posible reestructuración impulsada por el gobierno de Javier Milei, que podría derivar en una reducción del 30% del personal.
El tribunal del trabajo hizo lugar a una medida cautelar impulsada por la central obrera y puso en suspenso buena parte de la reforma laboral sancionada en marzo.
La Cámara Federal dejó sin efecto la resolución del juez Cormick que había declarado la nulidad de la medida represiva. El oficialismo festejó la decisión.