La medida cautelar no resuelve el conflicto de fondo, pero representa una luz de esperanza para miles de empleados amenazados por el ajuste estatal.
Nacionales17/07/2025
Martín OrellanoEn una decisión que marca un hito en el conflicto entre los trabajadores estatales y las políticas de recorte del gobierno nacional, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín dictó una medida cautelar de no innovar que suspende provisoriamente los efectos del Decreto 461/2025.
Este decreto, firmado por el Ejecutivo, disponía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la transferencia de su personal y funciones al Ministerio de Economía y otros entes estatales.
La acción fue impulsada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), que denunció una “amenaza directa y persistente” contra la estabilidad laboral, la negociación colectiva y la continuidad institucional de un organismo clave para la infraestructura del país.
La jueza Martina Isabel Forns consideró que se dan los requisitos de “verosimilitud del derecho” y “peligro en la demora” para suspender, por un plazo de seis meses, cualquier ejecución administrativa derivada del decreto presidencial. Esto incluye cesantías, reubicaciones, traslados y supresión de estructuras.
El fallo pone el foco en los derechos laborales y sindicales consagrados en la Constitución Nacional y en los convenios internacionales de la OIT, como los N.º 87, 98 y 151. También advierte que el decreto vulnera la estabilidad protegida por los convenios colectivos del sector, transformando a los empleados en “rehénes” de decisiones discrecionales sin resguardo legal.
Aunque la resolución judicial no anula el decreto ni resuelve el conflicto estructural, sí representa un freno a la avanzada del Ejecutivo y otorga un margen de respiro a los trabajadores viales. En palabras del gremio, es “una señal de que el Estado de derecho aún resiste”.
Miles de empleados, que desde el anuncio del decreto vivían bajo una creciente incertidumbre laboral, encuentran ahora una pausa ante la motosierra estatal. Pero el conflicto está lejos de cerrarse: la puja por el futuro de la DNV y por la legalidad de la reforma administrativa continúa abierta en los tribunales y en las calles.
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