La medida incluye también la disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
El anuncio se produce en la víspera del vencimiento de las facultades delegadas otorgadas al Poder Ejecutivo por la Ley Bases, lo que le permitió al Gobierno avanzar en esta decisión sin pasar por el Congreso. Se trata, según expresaron desde el Ejecutivo, de un proceso de “reorganización” que busca reducir el tamaño del Estado y combatir la corrupción.
Vialidad Nacional es el organismo encargado de la conservación y mantenimiento de más de 40.000 kilómetros de rutas en todo el país. Su estructura cuenta con presencia en todas las provincias, y cumple funciones estratégicas en la conectividad territorial, el transporte de bienes y personas, y la seguridad vial, especialmente en zonas donde no hay concesiones privadas ni rentabilidad asegurada.
Aunque desde el Gobierno no se brindaron cifras oficiales, gremios del sector estiman que esta decisión pone en riesgo entre 1.500 y 4.000 puestos de trabajo. Ya se han registrado despidos en varias provincias, y las organizaciones sindicales alertan sobre el vaciamiento técnico y operativo que implica esta medida.
En paralelo al cierre del organismo, el Ejecutivo anunció la apertura a licitación de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, que quedarían bajo gestión de empresas privadas. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será reconfigurada como Agencia de Control de Concesiones y asumirá tareas de fiscalización sobre las nuevas concesiones.
Desde distintas provincias, gremios y trabajadores han manifestado su rechazo a la medida y advierten que el cierre de Vialidad Nacional no sólo implica pérdida de empleo, sino también una degradación de la capacidad estatal para garantizar el mantenimiento de rutas, especialmente en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.
Mientras se espera la publicación del decreto en el Boletín Oficial, diversas organizaciones ya declararon el estado de alerta y movilización, en defensa del carácter público de la infraestructura vial y de los derechos laborales de quienes la sostienen cotidianamente.
