La Mecha EncendidaLa entidad civil advirtió que el esquema proyectado reproduce el «modelo privatista fracasado de los años 90» y generará un sistema de «falso peaje» que vulnera derechos constitucionales.
Según el Conaduv, el régimen de concesiones con cobro de peaje atenta contra la libertad de tránsito, ya que los pliegos no garantizan la existencia de caminos alternativos gratuitos, lo que legalmente configuraría un «falso peaje».
La denuncia más fuerte radica en que este cobro constituye una doble imposición, dado que los usuarios de vehículos ya pagan el Impuesto a los Combustibles (con una recaudación anual superior a los 3.000 millones de dólares), cuyo destino específico y original es el financiamiento de las obras viales. La entidad acusa al Gobierno de «desviar» estos fondos a otros fines presupuestarios, lo que implicaría una «malversación» de recursos destinados a infraestructura.
El informe también señala una contradicción fundamental en el financiamiento. A pesar de que las autoridades aseguraron que las nuevas concesiones se fondearían con capital privado, proyectos licitados ya prevén el uso de fondos públicos provenientes del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) a tasas subsidiadas. «El Estado vuelve a asumir el riesgo y la inversión, mientras los privados se garantizan el cobro del peaje», sostiene el documento.
Además, el Conaduv alertó que los pliegos de los nuevos contratos solo exigen mantenimiento rutinario, sin comprometer inversiones reales ni ampliación de capacidad vial. En contraste, se prevé una triplicación de las tarifas y la instalación de nuevas estaciones de peaje con una distancia promedio de tan solo 97 kilómetros entre ellas.
Otro punto cuestionado es la continuidad de la empresa estatal Corredores Viales S.A., que, según el Conaduv, se mantiene como una «caja política» al margen de Vialidad Nacional, limitándose a cobrar peajes sin ejecutar obras.
Asimismo, la entidad civil denunció que las nuevas licitaciones repiten la participación de los mismos grupos empresarios «vinculados históricamente a la patria contratista y al club del peaje», varios de ellos investigados en causas judiciales por corrupción, repitiendo el ineficiente y fracasado esquema de los años 90.
Finalmente, el Conaduv propuso que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) retome la administración pública y transparente de la red vial, garantizando que los recursos del Impuesto a los Combustibles sean asignados directamente a las obras necesarias bajo control ciudadano
