La Ruta de la Desinformación: Cuando la Agenda la marca el Mercado

El caso del distrito Santa Fe es un ejemplo revelador: más de 200 personas ven amenazada su continuidad laboral, pero el centro del debate público gira en torno a la preocupación por los caminos y la circulación de mercancías.

Una revisión de las coberturas periodísticas, tanto en medios provinciales como nacionales, permite ver una constante: lo que alarma no es la desprotección de los empleados, ni la destrucción de una estructura estatal que durante décadas garantizó la conectividad del territorio nacional. Lo que genera titulares es el riesgo de que la producción de granos se vea demorada o encarecida por el deterioro de rutas.

 
En ese sentido, no sorprende la sobrerrepresentación de figuras como el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, quien expresó su preocupación por la posible paralización de las obras de mantenimiento, no por la situación de los trabajadores, sino por los efectos que eso podría tener en la movilidad urbana y el impacto económico para la región. Tampoco extrañan las declaraciones del senador Lisandro Enrico, quien alertó por el freno a los proyectos viales “en una provincia productiva como Santa Fe”, centrando su análisis en la necesidad de garantizar el tránsito de la producción agropecuaria.

Ambos discursos tienen un denominador común: miran la realidad desde los ojos del capital. En sus planteos no hay lugar para el peón caminero que lleva 20 años tapando baches bajo la lluvia. No se menciona al técnico que proyecta obras con salarios estatales ni al personal que recorre cientos de kilómetros para garantizar que un tramo de ruta no se desmorone. Para estos actores políticos —como para buena parte del ecosistema mediático— los trabajadores de Vialidad son invisibles.

Lo mismo ocurre con los análisis que proliferan en la prensa. Se habla de competitividad, de costos logísticos, de eficiencia. Se multiplican los informes que calculan cuánto perderá el complejo sojero si no se garantizan las condiciones de transporte. Pero casi ninguno de esos informes —ni tampoco los noticieros o los portales digitales— se detiene a preguntar qué pasará con las familias que dependen de esos empleos públicos. No hay entrevistas con delegados, ni recorridos por las sedes afectadas, ni testimonios sobre lo que significa ser desplazado de una función que es, además, un servicio social.

Frente a este panorama, el Sindicato de Personal de Vialidad Nacional – Seccional 7 Santa Fe tomó la palabra. Lo hizo sin estridencias, pero con claridad. A través de un comunicado oficial se declaró en estado de alerta y asamblea permanente, exigiendo la derogación del decreto 535/2024, que disuelve el organismo. Plantearon con firmeza que detrás de esta medida no hay una modernización del Estado, sino un plan sistemático de vaciamiento y entrega al sector privado. Y lo hicieron, además, desde una defensa integral del rol estatal: no sólo pelean por los puestos de trabajo, sino también por una concepción del país en la que lo público tenga sentido.

Sin embargo, ese posicionamiento sindical fue prácticamente ignorado por los grandes medios. Las pocas coberturas que lo mencionan lo hacen de forma lateral, como si fuera un dato de color. La centralidad narrativa sigue puesta en el impacto económico, no humano. Se hace evidente así una de las grandes fallas estructurales del sistema de medios argentino: su mirada estructuralmente sesgada hacia los intereses del mercado.

El problema no es nuevo. Pero en contextos como el actual, donde el Estado es desmantelado a una velocidad inédita y las fuentes de trabajo público son atacadas con virulencia, se vuelve más visible —y más grave—. No sólo porque se invisibiliza a quienes sostienen cotidianamente el funcionamiento del país, sino porque esa omisión tiene consecuencias: al no estar presentes en la agenda mediática, los trabajadores quedan fuera también del debate democrático. Se los borra del mapa simbólico.

Es por eso que resulta urgente construir una comunicación diferente. Una comunicación que no repita la lógica de los poderes económicos. Una comunicación que no mida la importancia de una noticia por el tonelaje de soja que transporta, sino por la vida que sostiene. Una comunicación que entienda que cada peón caminero despedido no es una estadística, sino una historia que merece ser contada.

Hoy, cuando el gobierno nacional desmantela Vialidad, lo que está en juego no es sólo el mantenimiento de las rutas: está en disputa el modelo de país. Y en esa disputa, las palabras también trazan caminos. Caminos que pueden llevarnos hacia una sociedad más justa o hacia el barranco de la exclusión y el olvido. Que no nos pase lo segundo por no haber alzado la voz a tiempo.