Desde el sindicato se transmitió el malestar y la incertidumbre que viven los equipos de trabajo en todo el país: falta de presupuesto, paralización de tareas, ausencia de recategorizaciones, congelamiento salarial, despidos de personal contratado y condiciones laborales cada vez más deterioradas. “Nos están tratando como ratas por ser empleados públicos”, expresó una trabajadora, marcando el tono de la reunión.
Campoy, por su parte, insistió en que Vialidad requiere una reestructuración profunda, aunque aclaró que no tiene en sus manos ningún decreto oficial. Reconoció que circula un borrador de dudosa procedencia que habla de pasar a disponibilidad a las plantas permanentes y despedir al personal transitorio, pero afirmó que “no lo hemos visto oficialmente”. También aseguró que su gestión valora a los profesionales de la casa y que no incorporó asesores externos.
Uno de los momentos más tensos fue cuando una trabajadora denunció haber sido sancionada por una acción sindical y señaló que se trata de una persecución. “Por 20 segundos de un video, me aplicaron un protocolo laboral cuando fue una acción gremial. Eso es persecución sindical”, afirmó. Campoy ratificó la sanción, lo que generó más reclamos.
También se expusieron problemas concretos: la imposibilidad de cubrir viáticos en zonas alejadas, la falta de ropa de trabajo para el operativo invernal, el desarraigo mal liquidado, y la sobrecarga de tareas a trabajadores calificados para reemplazar servicios tercerizados, como limpieza y seguridad, sin respetar la carrera administrativa.
Sobre el futuro del organismo, Campoy sostuvo que “vialidad necesita una reestructuración” y que habrá que esperar qué determina el Poder Ejecutivo. En ese marco, representantes gremiales le recordaron que existe una propuesta técnica elaborada por trabajadores y trabajadoras con años de experiencia, que plantea una reestructuración sin pérdida de puestos laborales y con fortalecimiento del rol estratégico del organismo.
Desde el sindicato se subraya que nadie sobra en Vialidad Nacional y se reafirma la voluntad de seguir defendiendo un modelo de gestión estatal, federal, con trabajadores formados, presentes en el territorio y con condiciones dignas.
