La prueba clave de la causa Vialidad que desmiente la acusación

A lo largo de tres años de juicio, Cristina no fue mencionada, no se presentó un solo chat, un correo electrónico que la vinculara con la construcción de las rutas en Santa Cruz. Los tramos fueron licitados, adjudicados y pagados en esa provincia, con fondos del Presupuesto Nacional votados por diputados y senadores. El control de las obras lo ejerció Vialidad Nacional, un ente autárquico, y la auditoría demostró que las obras estaban bien hechas y no se pagó nada que no se hubiera construido.

Presentada como la prueba determinante de un presunto esquema de corrupción, una auditoría ha sido fuertemente cuestionada tanto por sus autores técnicos como por los testimonios ofrecidos durante el juicio oral.

El informe, elaborado por dos ingenieros y un contador, no halló sobreprecios ni desvíos relevantes. La única diferencia significativa entre lo pagado y lo efectivamente construido fue de apenas el 0,6%, correspondiente a una rotonda sin terminar. A pesar de ello, el contenido del informe fue usado como base para denunciar un supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de las empresas de Lázaro Báez.

Uno de los auditores, el perito Justo Pastor Romero, declaró en el juicio y en entrevistas posteriores que no comprendía cómo su trabajo fue utilizado para justificar imputaciones penales. Aclaró que no se detectaron obras paralizadas, defectos constructivos de gravedad ni irregularidades técnicas que indicaran perjuicio al Estado. “La pérdida patrimonial más grande fue por las obras abandonadas, y eso no surgió de una certificación falsa ni de un sobreprecio”, afirmó Romero.

Durante el debate judicial, empresarios y técnicos del sector avalaron esa mirada. Explicaron que Báez obtenía muchas adjudicaciones no por corrupción, sino porque contaba con maquinaria, equipos y personal en la zona, lo que le otorgaba ventajas logísticas y competitivas. Incluso Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, declaró en ese sentido, desarmando el relato de licitaciones amañadas o discrecionalidad política.

Otro de los puntos que genera controversia es la focalización exclusiva de la auditoría en la provincia de Santa Cruz, donde Báez tenía mayor presencia, sin que se realizaran estudios similares en otras jurisdicciones. Para la defensa, esa selectividad refleja un sesgo político deliberado: Iguacel denunció únicamente a funcionarios kirchneristas y a Báez, pese a que la dinámica de la obra pública nacional involucraba a múltiples actores y jurisdicciones. Además, fue señalado en otras causas por presuntamente armar denuncias infundadas contra trabajadores del organismo, alimentando la sospecha de que su actuación respondía más a fines políticos que técnicos.

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En definitiva, la auditoría que se presentó como el pilar de la acusación fue reinterpretada de manera forzada para construir un caso penal. La combinación de un informe que no encontró delitos, una selección parcial del territorio auditado y declaraciones judiciales que desmienten el relato oficial pone en duda no solo el juicio, sino la legitimidad de las condenas. Todo indica que la causa Vialidad pudo haber sido construida sobre una base débil, impulsada más por motivaciones políticas que por evidencia sólida.

Una breve síntesis:

La denuncia la puso en marcha el interventor ultramacrista en Vialidad, Javier Iguacel. El funcionario mandó a hacer una auditoría el primer día tras su asunción. Fue su resolución número 1.

No ordenó una auditoría sobre todas las provincias, sino sólo sobre una: Santa Cruz. O sea, apuntó desde el origen contra Cristina.
La auditoría fue hecha por dos ingenieros y un contador. El dictamen fue contundente. Entre lo pagado y lo construido “no hubo diferencias significativas”, apenas el 0,6 por ciento que, consistía en la falta de terminación de una rotonda.

Pese a ello, Iguacel formuló la denuncia, aduciendo que Lázaro Báez fue beneficiado porque ganó 51 de las 81 licitaciones de tramos.
En su momento, las acusaciones mediáticas eran muy distintas. Que las rutas no iban a ningún lado; que se pagaron y no se construyeron y que las obras eran demasiadas para una sola provincia. Todas esas imputaciones se cayeron, entre otras cosas, porque los auditores dijeron que eran falsas y porque las obras se votaron en el Congreso.

A lo largo del juicio, declararon numerosos empresarios de la construcción. Todos coincidieron en que era lógico que Báez ganara licitaciones porque podía imponer valores más bajos dado que tenía la maquinaria y los empleados en Santa Cruz. No necesitaba llevarlos desde otras provincias, algo costosísimo. Eso declaró hasta Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri.

Durante todo el proceso, los abogados de Cristina, Carlos Alberto Beraldi y Ary LLernovoy, reclamaron una pericia comparativa con los valores de la construcción en otras provincias. Y, además, que en el resto del país se verificaba el mismo fenómeno: la mayoría de las obras las ganaron, en cada provincia, las empresas con sede más bien local.
El juicio comenzó sin pericias. O sea, se acusaba a todos los imputados por sobreprecios o favorecer a Báez sin que hubiera ningún estudio. Ante el reclamo a la Corte, el máximo tribunal dijo que se pronunciaría una vez hubiera fallo.

Ahora hay un fallo y la Corte decidió no ingresar al análisis.
Finalmente, el Tribunal Oral dispuso que se hagan pericias sobre tres (3) obras de las 81. El escándalo es de tal envergadura, que hay condenados por sobreprecios que no tuvieron nada que ver con esas obras, sino que intervinieron en otras.

Las tres obras elegidas para peritar fueron tres tramos de la Ruta 3, que se abandonaron en la época de Macri y luego se volvieron a licitar. El argumento fue que la nueva licitación se hizo a precios más bajos, algo considerado un disparate.

Primero, porque ya se había construido una parte antes y, segundo, porque el nuevo ganador tenía paradas las máquinas y quiso ofertar un precio bajo. No se hizo una pericia comparando ese tramo con cualquier otra obra del país.
El tribunal designó como perito oficial a Eloy Bona, un ingeniero que había tuiteado reiteradamente contra Cristina. La defensa lo objetó, pero el Tribunal rechazó los cuestionamientos. O sea, todo tendencioso.
Lo insólito es que los dos peritos oficiales no se pusieron de acuerdo en cómo evaluar el valor de las obras y la perito de la defensa, la ingeniera Adriana Alperovich, fue sólida y lapidaria. Como los peritajes oficiales fueron una vergüenza, el Tribunal hizo el suyo propio: determinó que el perjuicio para el estado fue de 85.000 millones de pesos. No explicó cómo hizo el cálculo.

En el proceso judicial intervinieron el fiscal Ignacio Mahiques; el presidente del Tribunal fue Jorge Gorini y el fiscal principal Diego Luciani, ambos fotografiados jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri, Los Abrojos. Las imágenes fueron publicadas por Página/12. Las apelaciones corrieron por cuenta de Mariano Borinsky, quien fue a jugar al tenis 16 veces con Macri a Olivos y Gustavo Hornos, visitante de Macri en la Casa Rosada. La Corte dijo este martes, que esos vínculos con el denunciante -el gobierno de Macri- no son suficientes para hablar de pérdida de la imparcialidad. Habría que ver si cualquier ciudadano, en un juicio, no objeta que el fiscal y el juez jueguen al fútbol en la quinta del denunciante, mientras que el tribunal de alzada lo integraran visitantes -incluso para el tenis- también del denunciante.

En la insólita condena del Tribunal Oral se consideró una prueba clave el decreto 54/2009 que habilitó a Vialidad Nacional a pagar las obras con los fondos de un fideicomiso formado en base a una tasa en la venta de gasoil. El argumento fue que con ese decreto se le pagó a Báez. En verdad, el 54/2009 sigue vigente hasta hoy y los fondos se aplicaron -y aplican- al pago de obras en todo el país. Durante los tres años del juicio, el argumento del decreto ni siquiera se esbozó. Ahora la Corte lo menciona de una forma insólita: dice que es una prueba de la participación directa de CFK en los hechos.
Tampoco durante los tres años de juicio se mencionaron los chats surgidos del celular de José López, el funcionario que tiró los bolsos con dólares en el convento de General Rodríguez. Lo insólito es que el Tribunal tomó esos diálogos -ninguno con Cristina misma- para asegurar que hubo una reunión entre CFK y Báez, al final del mandato de Cristina, noviembre de 2015, para “limpiar todo”, lo que significa que pactaron allí un pago enorme a Báez. No hubo reunión alguna y no hubo ningún tipo de pago al santacruceño.

El exprocurador Rodolfo Barra, en las antípodas ideológicas de CFK, dictaminó que a Cristina se le imputa “un delito imposible de cometer”. La razón es que CFK no tenía firma ni poder ni vínculo alguno con las obras de Santa Cruz. Los administradores del erario público eran los jefes de Gabinete, no la presidenta, y ni siquiera el ministro Julio De Vido, el responsable del área, fue condenado.