En los corredores viales más transitados ya se registran los índices más altos de muertes por siniestros. Reclaman que el Estado no abandone su rol de garante de rutas seguras.
La Cámara de Diputados de la Nación advirtió esta semana sobre las consecuencias del desmantelamiento de la Dirección Nacional de Vialidad y la falta de planificación clara respecto al sistema de corredores viales. En una reunión convocada por el diputado santafesino Dionisio Scarpin con autoridades del distrito local del organismo, se expresó la preocupación por la paralización de obras y la indefinición sobre las funciones de control y mantenimiento en manos del Estado.
Los datos son alarmantes. En el período 2023-2025 murieron 230 personas en rutas nacionales dentro del territorio santafesino, con una altísima concentración de casos en los corredores de las rutas 11 y 34. Solamente en 2024, la Ruta Nacional 34 registró un promedio de ocho muertes cada 100 kilómetros. En la Ruta 11, esa cifra alcanzó las cinco muertes cada 100 kilómetros. La falta de inversión y mantenimiento agrava una situación ya crítica.
Pese a este contexto, el Gobierno nacional avanza en la disolución de organismos públicos vinculados al sistema vial. El caso más resonante es el de Vialidad Nacional, cuya eliminación fue dispuesta por decreto, aunque la medida se encuentra momentáneamente suspendida por una cautelar judicial. Al mismo tiempo, se oficializó la intervención de Corredores Viales S.A., empresa estatal creada para gestionar rutas estratégicas, y se anunció que quedará sujeta a privatización.
La nueva etapa de licitación anunciada por el Ejecutivo incluye más de 4.400 kilómetros de rutas en todo el país, entre ellas tramos que pasan por Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, San Luis y La Pampa. Las empresas que resulten adjudicatarias podrán cobrar peajes mediante un sistema electrónico sin barreras físicas, bajo la modalidad “free flow”, que el gobierno espera implementar antes de 2027.
El Gobierno asegura que se trata de una reorganización funcional que busca mayor eficiencia. Sin embargo, los legisladores advierten que la medida podría significar la pérdida de miles de puestos de trabajo, la desaparición de la capacidad técnica acumulada por décadas y un vaciamiento de las capacidades estatales en materia de infraestructura vial. A esto se suma el riesgo de que se otorguen contratos sin mecanismos de licitación abiertos ni control parlamentario.
En el caso de Corredores Viales S.A., los decretos firmados este año permiten incluso incorporar socios privados sin proceso competitivo, lo que alimenta las sospechas sobre una privatización encubierta y a medida. En ese marco, los legisladores señalaron la necesidad de preservar el rol estratégico del Estado en el control, mantenimiento y desarrollo de rutas, especialmente en un país que depende fuertemente del transporte por camión y donde la seguridad vial es una deuda histórica.
