La Mecha EncendidaLa familia del fotorreportero Pablo Grillo, junto con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), difundió una serie de documentos y comunicados públicos para denunciar irregularidades notorias en las pruebas oficiales aportadas a la investigación judicial.
La causa penal, que tramita en el juzgado federal a cargo de la magistrada María Servini, investiga la violenta represión desplegada por las fuerzas de seguridad federales frente al Congreso de la Nación, marco en el cual el trabajador de prensa resultó gravemente herido.
El entorno del fotógrafo advirtió sobre la existencia de llamativos baches temporales y la supresión de registros de audio en las comunicaciones internas de las fuerzas, sugiriendo una maniobra institucional coordinada para dilatar el avance de la justicia y proteger a los responsables del operativo.
El episodio bajo investigación judicial ocurrió durante la cobertura periodística de una movilización de sectores de jubilados, oportunidad en la que Grillo recibió el impacto directo en el cráneo de una granada de gas lacrimógeno disparada a corta distancia. Las pericias médicas y científicas incorporadas al expediente determinaron de forma fehaciente que el proyectil viajó en una trayectoria rectilínea a gran velocidad, lo que descartó de plano la hipótesis inicial ensayada por el Ministerio de Seguridad sobre un supuesto e involuntario rebote.
Debido a las lesiones sufridas, que incluyeron fractura expuesta de cráneo y pérdida de masa encefálica, el reportero gráfico debió permanecer casi tres meses internado en una unidad de cuidados intensivos y actualmente afronta un severo tratamiento de rehabilitación neurológica con pronóstico reservado. En el plano estrictamente procesal, la jueza Servini dispuso el procesamiento por el delito de lesiones gravísimas y abuso de armas al cabo primero de Gendarmería Nacional, Héctor Jesús Guerrero, sindicado como el autor material del disparo irregular.
La resolución judicial, ratificada por la Cámara Federal de Apelaciones, remarcó que el imputado accionó su arma reglamentaria en un ángulo horizontal directo hacia la multitud, violando de forma flagrante los protocolos de actuación nacionales e internacionales que prohíben taxativamente la puntería directa al cuerpo.
Pese a la contundencia del escenario penal, la Gendarmería Nacional resolvió clausurar de manera exprés las actuaciones administrativas internas sin aplicar sanciones disciplinarias al gendarme involucrado, lo que motivó las duras quejas de la querella institucional. Con la confirmación de los procesamientos y la elevación de la causa hacia la etapa de juicio oral y público, los representantes legales que unifican al CELS y a la Liga Argentina por los Derechos Humanos adelantaron que profundizarán las líneas de investigación orientadas a evaluar las responsabilidades políticas en la cadena de mando.
La estrategia de la querella apunta a determinar el grado de implicancia de las altas autoridades ministeriales de la gestión nacional en la confección de las directivas operativas amparadas en el polémico protocolo de orden público. Asimismo, la familia del fotógrafo damnificado reiteró su llamado a la opinión pública para exigir el libre acceso a la totalidad de las cintas e informes balísticos oficiales, sosteniendo que la dilación en la entrega de las pericias de Gendarmería y de la Policía Federal constituye un obstáculo inadmisible para el esclarecimiento definitivo del hecho.
