La autoridad nacional dio un plazo perentorio de cinco días para que el dispositivo sea removido, advirtiendo que, en caso de incumplimiento, la propia Vialidad Nacional se encargará de retirarlo.
Provincia de Santa Fe25/11/2025
La Mecha EncendidaLa Administración Federal de Vialidad Nacional ha escalado el conflicto de jurisdicción en la Ruta Nacional 168, intimando formalmente a la provincia de Santa Fe para que proceda al retiro de un cinemómetro (radar de velocidad) instalado en esa vía. La autoridad nacional dio un plazo perentorio de cinco días para que el dispositivo sea removido, advirtiendo que, en caso de incumplimiento, la propia Vialidad Nacional se encargará de retirarlo.
El conflicto se centra en que la Ruta Nacional 168, aunque se encuentra dentro del territorio provincial, es una vía de jurisdicción federal. La instalación y operación de elementos de control de tránsito, como los radares para multas, en rutas nacionales debe contar con la habilitación y homologación previa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la aprobación de Vialidad Nacional, requisitos que, según la administración federal, no se habrían cumplido debidamente en este caso.
La Respuesta de la Provincia: Amenaza de Denuncia Penal
La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), organismo que instaló y gestiona el cinemómetro, reaccionó de manera contundente al ultimátum federal. La provincia ha respondido públicamente que, si Vialidad Nacional procede a la remoción unilateral del radar, denunciará penalmente a los funcionarios nacionales responsables.
La postura de la APSV es que el dispositivo es legal y forma parte de un esfuerzo crucial de la provincia para reducir los excesos de velocidad y la siniestralidad en un tramo considerado de alta peligrosidad, especialmente en el acceso a la capital provincial. La confrontación expone una grieta legal y política sobre quién tiene la última palabra en la regulación del tránsito en las rutas que atraviesan las provincias, pero cuya titularidad corresponde al Estado Nacional.
El inminente vencimiento del plazo de cinco días coloca al Gobierno Nacional y al Gobierno Provincial en un curso de colisión directa, con implicaciones no solo para el radar en cuestión, sino también para el futuro de la cooperación y las potestades de control vial en el resto de las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe.
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