El gobierno de Santa Fe decidió instalar en las rutas nacionales que atraviesan su territorio una serie de carteles de gran tamaño, rojos y con tipografía llamativa, en los que se advierte a los conductores sobre el mal estado del pavimento. Las señales, sin embargo, tienen una particularidad política: apuntan de forma explícita a la Nación como responsable del deterioro, deslindando a la administración provincial de toda responsabilidad. La medida fue presentada como una acción de transparencia hacia la ciudadanía, pero es también una forma elocuente de eludir costos políticos ante el creciente malestar por la crítica situación de las rutas.
Lo llamativo es que, más allá del gesto comunicacional, el gobernador Maximiliano Pullaro no ha realizado hasta el momento declaraciones públicas firmes respecto al desguace del Estado nacional en materia de infraestructura, particularmente tras la disolución práctica de Vialidad Nacional. Tampoco se le conoce una postura clara sobre el destino de los más de doscientos trabajadores del organismo en la provincia, ni expresiones de solidaridad o preocupación por la parálisis operativa que sufre el área. Esa tibieza, para muchos sectores, contrasta con la gravedad del problema vial y su impacto sobre la seguridad y la economía regional.
El silencio del gobernador ante las decisiones del presidente Javier Milei, con quien ha acompañado buena parte de las iniciativas legislativas y fiscales, revela una estrategia política ambigua: por un lado, señala a la Nación como responsable de los efectos de su ajuste, pero por otro mantiene una alianza funcional que evita confrontaciones directas. La colocación de carteles puede leerse entonces como una jugada a dos puntas: exponer lo negativo sin enfrentar de lleno al poder central, buscando que los costos del deterioro recaigan únicamente sobre la Casa Rosada.
Mientras tanto, las rutas continúan en estado crítico y los trabajadores de Vialidad enfrentan un futuro incierto, sin que la provincia impulse una estrategia propia para garantizar mantenimiento ni presente alternativas concretas para proteger los empleos y funciones esenciales que el Estado nacional dejó de cumplir. El resultado es una señalización más estética que política, que busca mostrar distancia sin romper vínculos, en un contexto donde la inacción también tiene consecuencias.
