La obra responde a una orden judicial que fue ignorada hasta que ocurrió la tragedia. El organismo tenía la responsabilidad de prevenirlo.
Nacionales31/07/2025 La Mecha EncendidaTras el accidente que el pasado 23 de julio se cobró la vida de tres personas y dejó a otras seis con heridas de gravedad en la Ruta Nacional 11, a la altura de Nelson, comenzaron esta semana las tareas de reparación en el tramo deteriorado. Lo llamativo y alarmante es que los trabajos se están realizando recién ahora, pese a que una resolución judicial ya había ordenado previamente a Vialidad Nacional llevar a cabo obras urgentes en ese sector para evitar siniestros viales.
La decisión de intervenir se tomó solo después del trágico siniestro, lo que pone en evidencia la desidia del organismo estatal frente a una advertencia concreta de la Justicia. Durante meses, vecinos, autoridades locales y usuarios frecuentes de la Ruta 11 advirtieron el estado calamitoso de la calzada, especialmente en ese sector, donde los baches y deformaciones hacen que circular sea un riesgo constante.
La intervención judicial había sido clara: se exigía a Vialidad Nacional que cumpliera con sus funciones de mantenimiento de la infraestructura vial en condiciones seguras. No se trataba de una sugerencia, sino de una obligación legal respaldada por el deber estatal de preservar la vida de quienes transitan por las rutas nacionales. Sin embargo, la orden fue ignorada.
La respuesta llegó tarde. Tres personas murieron cuando un colectivo de la empresa El Norte, que cubría el trayecto entre Tostado y Santa Fe, volcó al intentar evitar uno de los tantos pozos profundos en el asfalto. El vehículo perdió el control y terminó cruzando de carril para finalmente quedar volcado a un costado. Los heridos fueron trasladados a hospitales de Santa Fe y Esperanza, algunos con lesiones de consideración.
La repavimentación y las tareas de bacheo iniciadas esta semana podrían haber evitado la tragedia. Desde la sede de Vialidad Nacional aún no se emitió un comunicado que reconozca la demora ni que explique por qué no se cumplió con la orden judicial a tiempo. Lo cierto es que el Estado, a través del organismo responsable, tenía herramientas y presupuesto para actuar antes, pero no lo hizo.
Mientras las máquinas avanzan en un tramo que ya estaba marcado como peligroso, crece la indignación entre las familias afectadas y en la comunidad en general. Lo que debía ser una política sostenida de mantenimiento se transformó en una respuesta tardía, apenas reactiva frente a la muerte.
El rol de Vialidad Nacional en el mantenimiento de rutas no es accesorio. Es una responsabilidad directa del Estado garantizar la seguridad vial, y su incumplimiento no solo genera molestias o demoras: está costando vidas.
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