Crisis

El “zapatazo solidario” se desarrolló este martes en Buenos Aires organizada por pequeños y medianos fabricantes. A mediados de noviembre tienen previsto extender el reclamo a todo el país

La caída de las ventas del mercado interno y la apertura comercial forzaron a una emblemática fábrica rosarina a encarar más de 100 despidos y reorientar su negocio hacia la importación directa, operando con apenas la mitad de su capacidad instalada y pagando deudas salariales con restos de metal.

Adultos mayores y organizaciones sociales se movilizaron desde el Teatro Municipal hasta la sede céntrica de la Ansés en la ciudad de Santa Fe. Demandaron al Gobierno provincial la reglamentación de la normativa de protección de la vejez, el aumento de los haberes jubilatorios y respuestas ante las demoras prestacionales de PAMI e IAPOS.

La Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) alertó sobre la baja de 50 persianas por día desde diciembre de 2023. La caída del consumo, el disparo de las tarifas eléctricas por encima del costo de los alquileres y la proliferación de grandes cadenas ahogan al sector comercial barrial.

Un relevamiento de la asociación comercial de la tradicional avenida santafesina reveló que el 80% de las firmas no es propietaria del local y que casi la mitad atraviesa cuadros de ansiedad, deudas para cubrir gastos fijos y episodios de robos hormiga.

Pampa Energía anunció el cese definitivo de operaciones en su histórica fábrica de Puerto General San Martín, dejando al país sin producción nacional de este insumo estratégico para la fabricación de neumáticos y calzado.

El dirigente de la Federación Industrial de Santa Fe, Mariano Ferrazzin, afirmó que la producción continúa en retroceso, se perdieron más de 2.000 empleos industriales y la recuperación no llegará sin incentivos al mercado interno.

Las instituciones santafesinas que atienden a personas con discapacidad atraviesan una situación límite.

La crisis económica golpea con fuerza al comercio de Rosario. 

Instituciones que trabajan con personas con discapacidad denuncian deudas acumuladas, aranceles desactualizados y dificultades para sostener la atención. El sector ya implementa medidas de fuerza para visibilizar la situación.