Cierre de Planta Forestal en Corrientes Suspende a 520 Trabajadores

En Gobernador Virasoro, Corrientes, la empresa Forestadora Tapebicuá anunció el cese total de sus operaciones por 30 días, suspendiendo a sus 520 trabajadores sin garantía de pago completo de salarios. Esta medida, que afecta directamente a cientos de familias dependientes de la industria maderera, surge en medio de una crisis financiera que incluye el no pago de sueldos de julio y agosto, así como el medio aguinaldo de junio.

Los trabajadores, representados por el Sindicato de Trabajadores de la Madera (STM), expresaron temor ante la posibilidad de que las suspensiones se extiendan por tres meses con solo el 20% de sus ingresos, una propuesta que rechazan y que podría profundizar su vulnerabilidad económica.

La decisión de la empresa, controlada por Grupo Celulosa Argentina, se atribuye a problemas de liquidez, caída en las ventas y un entorno económico adverso marcado por la recesión industrial, la contracción del consumo interno, la apertura a importaciones y un tipo de cambio que perjudica las exportaciones. Fuentes sindicales indicaron que la planta, una de las principales madereras del norte argentino, ya había cerrado otra instalación en 2023 en San Charbel, Garruchos, dejando a 70 personas sin empleo, lo que evidencia un patrón de inestabilidad en el sector. Los operarios se movilizaron frente a la planta para protestar contra estas condiciones, demandando el cumplimiento de acuerdos laborales y la protección de sus derechos.

El impacto va más allá de los 520 puestos directos: decenas de proveedores, contratistas y empresas de transporte que dependen de Tapebicuá enfrentan un parate que amenaza su subsistencia. En una región donde la industria forestal es un pilar económico, esta suspensión agrava la precariedad de comunidades enteras, muchas de las cuales ya lidian con el aumento del desempleo y la informalidad. El STM presentó una demanda judicial por 170 millones de pesos por salarios adeudados, logrando el embargo de una cuenta bancaria de la empresa, pero los trabajadores siguen sin cobrar y con incertidumbre sobre su futuro.

Este episodio se enmarca en una crisis más amplia que azota a la Argentina desde fines de 2023, impulsada por políticas de ajuste fiscal del Gobierno de Javier Milei. La recesión ha provocado el cierre de miles de pymes, con 13.000 empresas afectadas en el último año según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, elevando el desempleo al 7,9% y la informalidad al 36,3% de la fuerza laboral. En provincias como Corrientes, dependientes de sectores como la forestry, la apertura comercial y la devaluación han intensificado la competencia externa, reduciendo la demanda interna y complicando las exportaciones. Movilizaciones similares, como la reciente represión en Yerba Buena, Tucumán, o la Marcha de San Cayetano en Santa Fe, reflejan el creciente malestar de los trabajadores ante medidas que priorizan el equilibrio fiscal sobre la protección del empleo y los derechos laborales.

Los sindicatos proponen alternativas, como suspensiones con el 75% del sueldo por dos meses, para mitigar el daño, pero la empresa insiste en condiciones más drásticas. Esta situación pone en evidencia cómo las políticas económicas actuales trasladan el costo de la crisis a los hombros de los trabajadores, mientras grandes empresas acumulan deudas sin asumir responsabilidades plenas. En Virasoro, las familias afectadas esperan respuestas que garanticen no solo la continuidad laboral, sino también la dignidad en un contexto donde la supervivencia diaria se vuelve cada vez más desafiante.