
Bajo la excusa burocrática de nuevos controles, la ocupación expulsará a 37 ONG vitales para la supervivencia, en lo que representa una nueva fase del plan de exterminio contra el pueblo palestino.
En los últimos años, Bolivia parece haber retrocedido a un escenario que recuerda los turbulentos años 90, marcados por la inestabilidad política
Internacionales16/08/2025
La Mecha EncendidaEn los últimos años, Bolivia parece haber retrocedido a un escenario que recuerda los turbulentos años 90, marcados por la inestabilidad política, la polarización social y las dificultades económicas. Según un análisis, la crisis actual refleja dinámicas similares a las de aquella década, cuando el país enfrentaba conflictos entre élites políticas, movimientos sociales y una economía vulnerable.

La gestión del gobierno de Luis Arce, en el poder desde 2020, ha sido incapaz de consolidar una estabilidad duradera. La fragmentación dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), con tensiones entre el ala encabezada por Evo Morales y la de Arce, ha exacerbado la polarización. Esta división interna ha debilitado la capacidad del gobierno para abordar problemas estructurales, como el estancamiento económico y la creciente inflación, que han erosionado el poder adquisitivo de la población.
A nivel social, las protestas y bloqueos han resurgido con fuerza, evocando las movilizaciones de los 90 que desafiaban las políticas neoliberales. Los sectores campesinos, indígenas y urbanos, que históricamente han sido la base del MAS, ahora expresan su descontento ante la falta de soluciones concretas. Además, la oposición, aunque fragmentada, ha capitalizado el descontento para cuestionar la legitimidad del gobierno.
En el ámbito económico, Bolivia enfrenta una crisis de divisas y un déficit fiscal que recuerdan los problemas de endeudamiento de hace tres décadas. La dependencia de las exportaciones de gas, que alguna vez fueron la columna vertebral de la economía, se ha reducido drásticamente, mientras que la falta de inversión en sectores productivos ha limitado las opciones de crecimiento.
Este panorama sugiere que Bolivia está atrapada en un ciclo de inestabilidad que combina viejos problemas con nuevos desafíos. La incapacidad de generar consensos y la persistencia de un modelo económico agotado podrían prolongar esta crisis, haciendo imperativo un replanteamiento profundo de las políticas públicas para evitar un colapso mayor.

Bajo la excusa burocrática de nuevos controles, la ocupación expulsará a 37 ONG vitales para la supervivencia, en lo que representa una nueva fase del plan de exterminio contra el pueblo palestino.

En un giro radical de la política de salud pública, el presidente Gustavo Petro confirmó que el Estado dejará de adquirir fármacos a laboratorios que manipulen precios y autorizó la importación directa desde mercados internacionales para combatir el acaparamiento y la especulación corporativa.

En una declaración que ha sacudido los cimientos de la diplomacia transatlántica, el vicepresidente electo J. D. Vance reafirmó la intención estratégica de la administración Trump de adquirir Groenlandia, calificando de irrelevante la oposición europea y cuestionando la lealtad de Dinamarca hacia Washington.

A través de un decreto presidencial, el mandatario brasileño dejó fuera del beneficio de libertad a los seguidores de Jair Bolsonaro que participaron en el asalto a las sedes de los tres poderes en enero de 2023, reforzando la postura institucional contra los ataques a la democracia.

La Central Obrera Boliviana encabezó una multitudinaria marcha en rechazo a las medidas impuestas por el Ejecutivo que eliminan los subsidios a los combustibles y abren la puerta a la privatización de recursos estratégicos, profundizando el conflicto entre los sindicatos y el modelo neoliberal.

El gobierno de Nicolás Maduro acusó a la administración de Donald Trump de violar el derecho internacional y la soberanía naval, luego de que fuerzas estadounidenses confiscaran tres petroleros en menos de dos semanas bajo el argumento de aplicar sanciones económicas.

Tras la aprobación legislativa de un beneficio que recortaría la condena de Jair Bolsonaro de 27 a apenas 5 años de prisión, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció que anulará la medida, sosteniendo que los ataques contra la democracia no pueden quedar impunes bajo conveniencias políticas.

La reciente escalada de Donald Trump contra Venezuela, que incluye un bloqueo naval y la exigencia de "devolver" derechos petroleros históricos, marca la consolidación de una doctrina que considera a la inversión privada estadounidense como una extensión de la propiedad estatal de EE. UU., poniendo en jaque la autonomía de toda la región frente a sus recursos estratégicos.

A través de un decreto presidencial, el mandatario brasileño dejó fuera del beneficio de libertad a los seguidores de Jair Bolsonaro que participaron en el asalto a las sedes de los tres poderes en enero de 2023, reforzando la postura institucional contra los ataques a la democracia.


Bajo la consigna “América Latina, territorio de paz”, centrales obreras, organismos de derechos humanos y movimientos sociales firmaron un documento nacional en repudio a las amenazas de intervención militar en Venezuela y las políticas extractivistas del gobierno de Javier Milei.

En una declaración que ha sacudido los cimientos de la diplomacia transatlántica, el vicepresidente electo J. D. Vance reafirmó la intención estratégica de la administración Trump de adquirir Groenlandia, calificando de irrelevante la oposición europea y cuestionando la lealtad de Dinamarca hacia Washington.

En un giro radical de la política de salud pública, el presidente Gustavo Petro confirmó que el Estado dejará de adquirir fármacos a laboratorios que manipulen precios y autorizó la importación directa desde mercados internacionales para combatir el acaparamiento y la especulación corporativa.