DE DERECHOS Y AJUSTE

Mucha información en la Provincia de Santa Fe, sobre el empleo público, la situación de sus trabajadores y trabajadoras y las condiciones en que desarrollan sus labores recorre los medios de comunicación y es motivo de editoriales y comentarios, pero en repetidas oportunidades una realidad oculta por las autoridades respectivas, emerge, como es la de los policías y guardicárceles (suicidios incluídos), o son el deleite de algunos sectores cuando el Gobernador extorsiona a los/las docentes con el presentismo o ataca directamente a los/las dirigentes sindicales.

El portal Redacción Rosario dice: “Un análisis del empleo público y de la evolución salarial en la provincia de Santa Fe realizado por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) registra una reducción significativa del empleo público provincial durante 2024 y 2025, concentrada en los trabajadores administrativos, técnicos y profesionales del Estado. La caída acumulada es cercana a los 6.000 puestos desde en marzo de 2025 contra 2023. Este proceso resulta especialmente relevante considerando que Santa Fe ya presentaba uno de los ratios de empleo público más bajos del país. En este marco, destaca la fuerte reducción en el sector educativo, con una pérdida aproximada de 4.800 puestos, equivalente al 8 por ciento de la planta.”



Lo curioso del estudio de referencia es la señalización de que “en paralelo, se produjo un crecimiento extraordinario de la planta política, que más que triplicó su tamaño entre 2023 y 2025. El aumento de autoridades superiores y la expansión de los cargos de asistentes técnicos —incluida la creación de nuevos niveles inexistentes en gestiones anteriores— implicaron un cambio en la lógica de contratación estatal y una mayor concentración de recursos en los cargos de mayores ingresos”.
Pero también ocurren otros hechos que denunciados y abordados por los sindicatos, no “rebotan” en la prensa en su verdadera dimensión o las autoridades provinciales miran para otro lado, se abstienen de abordarlos prontamente y sólo cuando el conflicto irrumpe mediáticamente, allí recién, actúan. 

Muchos de estos casos están referenciados directamente a los municipios y las ex comunas (con la Constitución reformada), donde titulares de los ejecutivos locales, despiden empleados/as precarizados, en algunos casos de planta permanente, asumiendo, una actitud soberbia, intransigente que ha generado innumerables reclamos e inclusive medidas de fuerza.

En el ámbito de la EPE se  están produciendo renuncias en distintos lugares de la Provincia pues a la baja en los sueldos se le agrega las condiciones de trabajo con algunas tareas altamente riesgosas. Un goteo continuo que todavía no está en los titulares.

Todo esto en el marco de familias donde el padre tiene que tener un doble empleo y la madre salir a buscar alguna changa de medio día para poder darle de comer a los hijos. 

Este es el diseño del mundo del trabajo que ha venido construyendo, en todo el territorio provincial Maximiliano Pullaro.
La reforma previsional impulsada por el Gobernador y la ordenanza para atacar el déficit de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones planteada por el Intendente capitalino Juan Pablo Poletti, son dos herramientas institucionales que formatean un modo de entender, no sólo las relaciones laborales, sino de definir los sectores que pagarán el ajuste, la transferencia de ingresos y la fiesta financiera que tiene en el Presidente Javier Milei su expresión más explícita.