La empresa Marengo S.A., fabricante de los caramelos “No Hay Plata”, anunció el cierre temporal de su planta en Rafaela entre el 14 y el 27 de julio. La medida implica la suspensión sin goce de sueldo de 60 trabajadores, incluidos operarios de producción y mantenimiento.
La compañía fundamentó la decisión en los artículos 218 a 221 de la Ley de Contrato de Trabajo, argumentando “fuerza mayor y falta de trabajo no imputable al empleador”. En su presentación ante el Ministerio de Trabajo, Marengo advirtió sobre la caída sostenida del consumo, pérdidas de mercadería a raíz de una tormenta en marzo y la necesidad de implementar un Procedimiento Preventivo de Crisis.
Sin embargo, desde el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación aseguran que la medida fue comunicada de forma informal, a través de mensajes de WhatsApp, sin ninguna instancia de diálogo ni comunicación previa al gremio. Nicolás González, secretario general del sindicato, calificó la decisión como “arbitraria y discriminatoria”.
El sindicato solicitó la inmediata intervención de la cartera laboral y una audiencia que se realizará este martes en la delegación del Ministerio de Trabajo de Rafaela, donde buscarán que la empresa retroceda en la medida. No se descarta el inicio de acciones gremiales si no se alcanzara un acuerdo.
La fábrica Marengo había ganado notoriedad nacional en febrero pasado al lanzar los caramelos “No Hay Plata”, en alusión a una de las frases más repetidas por el presidente Javier Milei. Los caramelos —duros, sabor ácido, sin TACC— se viralizaron rápidamente en redes sociales y multiplicaron la visibilidad de la empresa.
Pero el marketing no fue suficiente para sostenerse. La caída general del consumo —con una reducción del 40% en las ventas de golosinas y el cierre de miles de kioscos en todo el país— golpeó de lleno a la producción. El caso de Marengo se inscribe dentro de una tendencia preocupante: pequeñas y medianas empresas del interior que no logran sostener su actividad frente al estancamiento del mercado interno, la inflación y el aumento de costos.
Mientras la empresa intenta encuadrar el cierre como una medida transitoria y de emergencia, los trabajadores esperan respuestas concretas. La audiencia convocada para este martes será clave para definir si la situación puede revertirse o si, como temen muchos, este podría ser el primer paso hacia el desguace definitivo de otra fuente de empleo local
