Una de esas fechas es el 16 de junio de 1955, cuando aviones de la Armada Argentina bombardearon Plaza de Mayo con el fin explícito de asesinar al presidente constitucional, Juan Domingo Perón. No lo lograron, pero dejaron más de 300 muertos civiles en el corazón de Buenos Aires.
Ese ataque no fue sólo una masacre: fue una advertencia. Fue el acto inaugural de una narrativa argentina que persiste hasta hoy. La de un poder real —económico, militar, judicial y mediático— que no tolera que el Estado esté al servicio de las mayorías.
Hoy, en 2025, ese mensaje se repite. No con bombas, sino con sentencias. No con sangre en el asfalto, sino con tinta judicial. Pero el objetivo es el mismo: disciplinar políticamente a quien representa un proyecto de país que incomoda a las élites.
La condena a Cristina Fernández de Kirchner, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por presuntas irregularidades en la obra pública de Santa Cruz, forma parte de esa misma lógica. No hay aquí una causa judicial rigurosa, sino una construcción político-judicial-mediática. Una puesta en escena donde el resultado estaba escrito antes de que comenzara el juicio.
El lawfare —esa guerra judicial que reemplaza los golpes militares— opera como mecanismo de control del sistema democrático desde sus márgenes más oscuros. De 1930 a hoy: la obediencia judicial al poder de facto Este no es el primer episodio donde la Corte Suprema Argentina juega un papel penoso en momentos de quiebre institucional o disciplinamiento político. De hecho, hay una matriz fundacional que arranca con la Acordada del 10 de septiembre de 1930, cuando, apenas cinco días después del golpe militar que derrocó a Hipólito Yrigoyen, los miembros del Máximo Tribunal —sin disimulo— reconocieron la legitimidad del gobierno de facto de José Félix Uriburu.
Esa acordada no fue un simple acto administrativo: inauguró una doctrina que aún hoy sobrevive. Se sentó el principio de que, si el nuevo poder “logra eficacia”, si ejerce el control del territorio, entonces se lo acepta como legítimo. No importa si llega por la violencia. No importa si pisotea la Constitución.
Desde entonces, la Corte ha sido funcional al poder de facto, civil o militar, una y otra vez: lo fue en 1955, lo fue en 1976, y lo vuelve a ser ahora, bajo la forma de un golpe blando donde se derogan derechos, se neutraliza la oposición y se gobierna por decreto, sin intervención militar pero con absoluta complacencia judicial.
Hoy, como en 1930, la Corte no actúa como garante de la legalidad, sino como sello legitimador de un poder ilegítimo. El fallo contra Cristina no es jurídico, es político. Y su objetivo no es la justicia, sino la exclusión.
La justicia como trinchera del poder.
Hoy, con Cristina fuera del Ejecutivo, el fallo condenatorio llega como un intento de cierre. De cierre simbólico de una etapa que los sectores dominantes consideran peligrosa. La Corte Suprema actual —conformada por Rosatti, Rosenkrantz, y Lorenzetti— se ha consolidado como uno de los actores más deslegitimados de la democracia. Interviene en elecciones, frena leyes, manipula tiempos procesales y protege a los suyos.
Es un poder que no rinde cuentas y que actúa como sostén jurídico de un nuevo orden restaurador.
Y a esto se suma un actor inesperado, pero funcional: Javier Milei. El actual presidente es presentado como un “antisistema”, pero gobierna con los sectores más rancios del establishment. Su alianza con Mauricio Macri no es un gesto de conveniencia electoral: es una expresión de continuidad estructural. Milei se dice libertario, pero actúa como garante
de los privilegios históricos del poder económico. Festeja el fallo contra Cristina, no porque crea en la justicia, sino porque la necesita fuera del juego político. Porque su figura aún interpela, aún moviliza, aún representa algo que sus enemigos no pueden controlar: una idea de futuro que incluye a las mayorías.
Clima social: entre la bronca, la indiferencia y la memoria
Mientras tanto, el clima social oscila entre el hartazgo, la desesperanza y el olvido inducido. Las crisis económicas, la inflación persistente, la precarización de la vida y la pérdida de expectativas han erosionado la capacidad de organización de amplios sectores sociales. Muchos votaron a Milei como expresión de rechazo, más que de esperanza. Y en ese vacío, el poder real avanza.
Sin embargo, no todo está perdido. La historia argentina es pendular, pero no cíclica. No se repite mecánicamente. Cada momento tiene sus singularidades. La memoria, la conciencia crítica, la militancia, la cultura popular siguen vivas. Las juventudes que se formaron bajo los gobiernos kirchneristas no son ciegas. Tienen preguntas, tienen dudas, pero también tienen memoria. Y, sobre todo, tienen una certeza: que la democracia se defiende todos los días, no sólo con votos, sino con participación.
Una advertencia, una lección
Lo que está en juego con este fallo no es la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Es la posibilidad de construir un país donde el poder no sea patrimonio de una minoría. Donde la justicia no sea instrumento de persecución. Donde la política no sea criminalizada, sino valorada como herramienta de transformación.
El 16 de junio de 1955, las bombas fueron el mensaje. Hoy, el fallo judicial es la nueva metralla.
Pero hay una diferencia: hoy, podemos leerla, denunciarla, resistirla.
La historia no se repite como tragedia o farsa.
Se repite si no aprendemos de ella.
Y esta vez, no podemos darnos ese lujo.
