Este gravamen, justificado por Trump como una medida contra el tráfico de fentanilo y la supuesta inacción de México frente a los cárteles, se suma a aranceles previos en sectores como el acero, aluminio y la industria automotriz. En su mensaje, Trump acusó a México de no detener a los cárteles, descritos como “las personas más despreciables que jamás hayan puesto un pie en la Tierra”, y señaló el déficit comercial con México como una amenaza a la seguridad y economía estadounidense.
Esta medida, sin embargo, trasciende la lucha contra el narcotráfico y se enmarca en una ofensiva ideológica de Trump contra economías que desafían la hegemonía comercial de EE.UU., como los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Aunque México no pertenece a este bloque, la narrativa del fentanilo parece ser una excusa para incluir al país en esta estrategia proteccionista, utilizando el pretexto de la seguridad para imponer una pena económica.
Trump ha intensificado la presión al advertir que cualquier respuesta de México, como la imposición de aranceles recíprocos, enfrentará represalias severas. En su declaración, afirmó: “Si México decide subir los aranceles en respuesta, sea cual sea la subida, esta cifra será añadida al 30% de arancel estadounidense”. Esta amenaza coloca a México en una posición delicada: cualquier acción retaliatoria podría escalar el conflicto comercial, mientras que la inacción podría interpretarse como sumisión y dañar la economía mexicana, que depende en más del 80% de sus exportaciones al mercado estadounidense. Además, Trump advirtió que los productos que intenten evadir estos aranceles enfrentarán impuestos aún más altos, lo que limita las opciones de México para mitigar el impacto económico.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido con firmeza en el pasado a medidas similares. En febrero de 2025, tras la imposición de un arancel del 25%, Sheinbaum rechazó las acusaciones de nexos con el narcotráfico, destacando que México incautó 40 toneladas de drogas en cuatro meses y que el 70% de las armas incautadas provienen de EE.UU. En esa ocasión, México logró suspender temporalmente los aranceles mediante negociaciones que incluyeron el despliegue de 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera y compromisos de EE.UU. para controlar el tráfico de armas. Sheinbaum enfatizó que la solución no radica en “aranceles ni intimidaciones”, sino en la cooperación bilateral.
Sobre el nuevo arancel del 30%, el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, calificó la medida como un “trato injusto” y afirmó que México “no está de acuerdo” con la política de Trump. Ebrard señaló que ya existe una mesa de negociación con EE.UU., iniciada el mismo 12 de julio, para abordar la situación antes de la entrada en vigor de los aranceles. Sin embargo, no se han detallado medidas específicas de respuesta, como aranceles recíprocos o acciones legales en el marco del T-MEC, aunque Sheinbaum ha anunciado previamente la posibilidad de medidas arancelarias y no arancelarias para proteger los intereses mexicanos.
La imposición de estos aranceles amenaza con aumentar la inflación, generar pérdidas de empleo y debilitar el peso mexicano, además de tensionar el T-MEC, que ha sido clave para la integración económica de Norteamérica. Analistas advierten que una guerra comercial podría llevar a una recesión en ambos países, dado que las cadenas de suministro, especialmente en la industria automotriz, están altamente integradas. La amenaza de Trump de incrementar los aranceles ante cualquier reacción mexicana complica aún más las opciones de México, que debe balancear la defensa de su soberanía con la necesidad de evitar una escalada económica perjudicial.
