El nuevo texto pone en riesgo la ley de aborto
Internacionales26/10/2023 REDACCIÓN LMELa sociedad chilena se enfrenta nuevamente al último tramo de un proceso constituyente donde deberá decidir si el texto elaborado esta vez por una convención dominada por los partidos conservadores y de derecha reemplaza al vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet.
Luego de un primer intento fallido, esta nueva propuesta endurece el trato hacia la migración irregular, cristaliza los sistemas de pensiones y de salud actuales -ambos muy criticados- y también suma artículos que podrían significar un gran retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos como la protección de “quien está por nacer” y la objeción de conciencia.
“Por segunda vez se repite la incapacidad de los actores políticos de cruzar la valla e ir más allá de sus propias mayorías y abrirse a buscar un acuerdo transversal”, observa Claudio Fuentes, investigador chileno y director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales.
Lo dice por el actual proceso constituyente dominado por el ultraconservador Partido Republicano y otras coaliciones de derecha pero también por el anterior, el proceso constituyente que significó la salida política al estallido social de 2019. En esa oportunidad, los consejeros constitucionales fueron definidos por voto popular y tuvo como resultado una expresión progresista y de izquierda, en línea con las reivindicaciones sociales levantadas en las manifestaciones masivas de ese entonces.
Libertad de conciencia, aborto y sistema de pensiones
A diferencia de ese primer intento progresista, que tuvo como resultado un borrador que universalizaba derechos fundamentales y que finalmente fue fracasado en el plebiscito de salida, especialistas advierten que el proceso actual podría dejar una nueva Constitución con varios artículos críticos y preocupantes.
Fuentes: https://www.pagina12.com.ar/607814-constitucion-de-chile-el-nuevo-texto-recorta-derechos-y-pone
La Presidencia de la República anunció un pacto tripartita con el sector empresarial y el movimiento obrero para elevar el salario mínimo a partir de 2026 y ejecutar la primera reducción de la jornada laboral en más de un siglo, con una implementación paulatina que culminará en 2030.
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