Según la denunciaIguacel habría desviado más de 100.000 millones de pesos a valores actuales entre los años 2017 y 2019.
La magnitud de los fondos presuntamente malversados es alarmante. Se detalla que esta cifra equivale a 15 veces el presupuesto que reclama el Hospital Garrahan, uno de los centros pediátricos más importantes del país, o casi 500.000 canastas básicas. Estos datos ponen de manifiesto el impacto social y económico que tendrían tales desvíos de recursos.
La denuncia subraya una preocupante paradoja: mientras Iguacel es una figura central en la acusación contra Cristina Kirchner por presunta corrupción en obras viales, él mismo es ahora objeto de una investigación por manejos irregulares de fondos públicos.
La causa penal que investiga a Iguacel está a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, los mismos funcionarios judiciales que llevan adelante la causa de Vialidad contra la ex mandataria.
Un aspecto crítico de la denuncia es la inacción judicial. A pesar de que la causa contra Iguacel ha estado en manos de Ercolini y Pollicita por más de cinco años, no se ha registrado ningún avance significativo en la investigación. Esta situación genera interrogantes sobre la celeridad y la imparcialidad de la justicia en casos de corrupción que involucran a figuras de distintos espectros políticos.
La información fue difundida por la Dra. Luis Goldin, lo que sugiere que la denuncia se basa en un análisis profundo y detallado de los movimientos financieros de Iguacel durante el período mencionado.
Este caso promete generar un intenso debate público y una mayor presión sobre el sistema judicial para que actúe con transparencia y eficiencia en la investigación de todas las denuncias de corrupción, sin importar quién sea el implicado.
Este desarrollo judicial resalta la complejidad del panorama político argentino, donde las acusaciones de corrupción a menudo se entrelazan con las dinámicas de poder y las investigaciones judiciales.
