Martín Orellano
La legislatura de Santa Fe aprobó una polémica reforma jubilatoria impulsada por el oficialismo. El proyecto de ley, cuestionado tanto por su contenido como por el proceso utilizado para su aprobación, se sancionó apresuradamente, con varios senadores ausentes y mecanismos constitucionales alterados en un contexto de disturbios que se desarrollaban fuera del edificio legislativo.
La reforma introduce varios cambios significativos en el sistema jubilatorio provincial. Entre las disposiciones más controversiales, se encuentra la habilitación para que el gobierno provincial pueda modificar la edad jubilatoria si así lo requiere la Nación, lo que genera incertidumbre entre los trabajadores sobre el futuro de sus retiros. Además, se establece que, mientras dure la emergencia económica, todos los trabajadores activos deberán realizar un aporte adicional para sostener el sistema de manera escalonada de acuerdo a los ingresos.
A esto se suma que los pasivos recién cobrarán los futuros incrementos salariales recién a los 60 días de otorgados
Otra de las características destacadas de la reforma es la reducción de los montos jubilatorios en caso de que un trabajador opte por retirarse antes de los 60 años. Además, se mantiene la no participación de algunos actores sindicales en el directorio de la Caja de Jubilaciones Provincial, una decisión que ha sido interpretada como un intento de debilitar el poder de negociación de los sindicatos en cuestiones previsionales. Aunque sí se los integra en una comisión que seguirá de cerca la actividad de la "emergencia previsional" prevista para dos años con posibilidad de extenderla un año más
La protesta en contra de la reforma fue contenida por un operativo policial compuesto por casi doscientos efectivos fuertemente armados, dispuestos por el ministro de Seguridad, Cococcioni. Sin embargo, la tensión escaló cuando un civil utilizó un matafuego en la puerta del palacio legislativo frente a la avanzada de los que protestaban, lo que generó caos y provocó la intervención de las fuerzas de seguridad, desatando corridas en la explanada.
La reforma, considerada por el total de representantes de los trabajadores como un ajuste, es vista como consecuencia directa de las decisiones del gobernador Pullaro. El mandatario provincial avaló un acuerdo que resultó en el cese del envío de fondos que, durante más de veinte años, habían sido transferidos por la Nación a las provincias en base a convenios previos.
Con la llegada de Javier Milei al poder y su insistencia en equilibrar las cuentas a expensas de los sectores más vulnerables (incluyendo la eliminación del impuesto a los Bienes Personales mientras se frenan aumentos a las jubilaciones), Pullaro se sumó al llamado "Pacto de Mayo". Este acuerdo, fechado en julio, implica un compromiso para reducir el gasto fiscal, siendo calificado como "el mayor ajuste de la historia".
Las repercusiones de estas medidas no solo se sienten en las calles, donde las manifestaciones y disturbios se tornan cada vez más frecuentes, sino que también amenazan con profundizarse a medida que el poder adquisitivo de la población siga en descenso. La referencia constante a los años noventa es inevitable, evocando un clima de descontento y precariedad que recuerda al que precedió la crisis de 2001.
