En una ciudad donde casi la mitad de la población vive en condiciones de pobreza, el Gobernador y el Intendente de la capital provincial afirman que el mayor problema que enfrentan es el de la seguridad. Sin embargo, sus acciones demuestran que tienen otras prioridades más alineadas con los intereses de ciertos sectores económicos que con las necesidades de la mayoría de los santafesinos.
Editoriales - #NuestraMirada26/01/2024
Martin Orellano
El Gobernador se dedica a hacer lobby en Buenos Aires para defender los intereses de “algunos” santafesinos, especialmente los representados por la Bolsa de Comercio de Rosario y las entidades del agro, que son los principales beneficiarios de la producción y exportación de granos y oleaginosas. Estos sectores han sido históricamente favorecidos por las políticas fiscales y cambiarias del gobierno nacional, que les han permitido acumular grandes ganancias a costa del empobrecimiento de otros sectores productivos y sociales.
El Gobernador se escuda en el discurso de defender la producción de Santa Fe, pero en realidad defiende la renta de unos pocos.
Mientras tanto, el Intendente de la capital provincial se muestra como un gestor eficiente y moderno, que busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con obras públicas y servicios. Sin embargo, su gestión se basa en una visita a Buenos Aires para hacer lobby buscando respaldar el sistema de transporte y pedir obra pública a un gobierno que sobre la frase "No hay Plata" enarbola una bandera.
La respuesta al intendente desde Nación es tan etérea como significante, "se comprometieron en seguir en contacto para conseguir los fondos necesarios para las obras”
Ambos funcionarios, el Gobernador y el Intendente, tienen una actitud complaciente y cómplice con el gobierno nacional, que ha implementado una serie de medidas que atentan contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, tanto del sector público como del privado. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la Ley Ómnibus, busca aprobación en el Congreso con el apoyo de los legisladores de Santa Fe, buscan arrasar, entre otras cosas, con los derechos laborales, previsionales, sanitarios y educativos de la población.
Estas medidas generan más pobreza, más desempleo, más precarización y más violencia. El acuerdo explicitado por los medios entre Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, para pagar salarios estatales no teniendo en cuenta la inflación sino los ingresos, no es casual: la paritaria docente es el principio del conflicto. Los gobiernos provinciales pretenden ajustar el gasto público a costa de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, que son los que sostienen el sistema educativo público y gratuito.
Estas son las acciones que van marcando una impronta para gobernar. Una impronta que privilegia los intereses de unos pocos por sobre los derechos de la mayoría.
Una impronta que profundiza las brechas sociales, económicas y territoriales. Una impronta que nos condena a un futuro de más pobreza, más desigualdad y más violencia. Así estamos. Así nos quieren. Así no podemos seguir.
Hay fechas que no se olvidan. Y no porque las conmemore el calendario oficial, sino porque el dolor, la traición o la sangre las vuelven imborrables.
La condena a Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y su consecuente proscripción política no son sólo hechos judiciales, son actos profundamente políticos, que deben ser leídos en el marco de un deterioro institucional más amplio. No es exagerado decir que estamos ante una ruptura constitucional. Por el contrario: lo grave sería no advertirlo.
La demonización de Cristina Fernández no es solo un ataque político: es una estrategia para ocultar lo que ella encarnó y lo que muchos todavía recordamos como un tiempo de dignidad. No se trata de ella. Se trata de nosotros. Y de lo que estamos dispuestos a defender.
El Ministerio de Justicia de la Nación anunció oficialmente que, en el marco de la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal previsto para el 11 de agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se pondrá a disposición de los fiscales federales un edificio de más de 5.000 metros cuadrados ubicado en el predio de la ex ESMA.
En una provincia con reclamos urgentes de presencia estatal, el gobierno de Pullaro impulsa un masivo endeudamiento para obras públicas, mientras gran parte de la sociedad aplaude políticas que vacían al Estado. Una paradoja que se repite y nadie parece querer ver.
Francisco fue uno de los nuestros: el que puso a los de abajo en el centro, rompió muros y tendió puentes. Su muerte es parte del hilo que conecta las luchas populares de los últimos 25 años.
Por estas horas aparecen en redes sociales distintos análisis sobre el resultado electoral en Santa Fe y frente al triunfalismo repetitivo del gobierno provincial, se intenta bajarle el precio a la elección del gobernador con la simple ecuación de comparar votos y se llega a afirmar –casi rotundamente- que el 45% no fue a votar.
No es sólo una cuestión de egos. De quien maneja la lapicera. De cargos legislativos, o de candidaturas para 2027. Ni tierra de traiciones, y traicionados. La interna –que tanto daño le está haciendo al campo nacional y popular- es un problema claro y concreto de construcción política.
La condena a Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y su consecuente proscripción política no son sólo hechos judiciales, son actos profundamente políticos, que deben ser leídos en el marco de un deterioro institucional más amplio. No es exagerado decir que estamos ante una ruptura constitucional. Por el contrario: lo grave sería no advertirlo.
Hay fechas que no se olvidan. Y no porque las conmemore el calendario oficial, sino porque el dolor, la traición o la sangre las vuelven imborrables.
Este 14 de junio, se realizó en Rosario el primer encuentro provincial presencial de las NUM y ANUM (Nosotras, Nosotros y Nosotres por una Nueva Constitución), con la participación de compañeras y compañeres de distintos puntos de la provincia de Santa Fe.
La Legislatura provincial aprobó la polémica disolución del IOSPER, la histórica obra social provincial. El nuevo esquema concentra el control en el Ejecutivo y abre la puerta a subas en los aportes, segmentación de planes y un mayor recorte de prestaciones.
El presidente Milei y la ministra Bullrich presentaron el nuevo estatuto de la PFA.