El Ministerio de Justicia de la Nación anunció oficialmente que, en el marco de la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal previsto para el 11 de agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se pondrá a disposición de los fiscales federales un edificio de más de 5.000 metros cuadrados ubicado en el predio de la ex ESMA.
Editoriales - #NuestraMirada28/05/2025 Redacción LMESegún el comunicado, el inmueble —que anteriormente fue destinado a "programas ideológicos y actividades político-partidarias"— pasará a ser utilizado para tareas judiciales, en el marco de una política que, tal como señala el documento oficial, se alinea con el mandato del presidente Javier Milei de “eliminar gastos innecesarios, achicar el Estado y redirigir los recursos hacia lo que verdaderamente importa”.
Las declaraciones del Ministerio de Justicia han generado una ola de rechazo en organismos de derechos humanos, sectores de la sociedad civil y espacios políticos de diversas procedencias. La ex ESMA, uno de los centros clandestinos de detención más emblemáticos de la dictadura militar, es hoy un Sitio de Memoria reconocido por la UNESCO. Allí funcionan instituciones como el Espacio Memoria y Derechos Humanos y diversas organizaciones que, desde hace décadas, trabajan en la transmisión, investigación y preservación de la memoria histórica.
Reducir esa labor a “actividades político-partidarias” implica desconocer el carácter transversal de las políticas de memoria, verdad y justicia en la Argentina, reconocidas en el mundo como ejemplo de reparación histórica y judicialización de crímenes de lesa humanidad. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, mencionadas incluso como candidatas al Nobel de la Paz, son referentes globales por su lucha incansable y no violenta en búsqueda de justicia.
Lejos de ser patrimonio de un gobierno o una gestión, los derechos humanos se han consolidado en la Argentina como política de Estado, con amplio consenso nacional e internacional. En este contexto, la decisión de trasladar funciones judiciales al predio de la ex ESMA —acompañada de una retórica que desacredita el trabajo realizado durante décadas— constituye un retroceso simbólico e institucional que debería convocar a un rechazo firme de todas las fuerzas políticas democráticas.
Preservar la memoria no es un lujo ni un gasto innecesario.
Es una responsabilidad ética, histórica y democrática.
La demonización de Cristina Fernández no es solo un ataque político: es una estrategia para ocultar lo que ella encarnó y lo que muchos todavía recordamos como un tiempo de dignidad. No se trata de ella. Se trata de nosotros. Y de lo que estamos dispuestos a defender.
En una provincia con reclamos urgentes de presencia estatal, el gobierno de Pullaro impulsa un masivo endeudamiento para obras públicas, mientras gran parte de la sociedad aplaude políticas que vacían al Estado. Una paradoja que se repite y nadie parece querer ver.
Francisco fue uno de los nuestros: el que puso a los de abajo en el centro, rompió muros y tendió puentes. Su muerte es parte del hilo que conecta las luchas populares de los últimos 25 años.
Por estas horas aparecen en redes sociales distintos análisis sobre el resultado electoral en Santa Fe y frente al triunfalismo repetitivo del gobierno provincial, se intenta bajarle el precio a la elección del gobernador con la simple ecuación de comparar votos y se llega a afirmar –casi rotundamente- que el 45% no fue a votar.
No es sólo una cuestión de egos. De quien maneja la lapicera. De cargos legislativos, o de candidaturas para 2027. Ni tierra de traiciones, y traicionados. La interna –que tanto daño le está haciendo al campo nacional y popular- es un problema claro y concreto de construcción política.
La discusión política en Argentina siempre estuvo atravesada por diferencias profundas. Pero hay una frontera que no se puede cruzar sin dinamitar la democracia.
Mientras el Gobierno nacional avanza contra derechos conquistados, el movimiento sindical santafesino -con experiencias como Ni Una Menos y la Red de Mujeres de FESTRAM- organiza la resistencia, amplía herramientas contra las violencias y denuncia la brecha salarial del 27,7% que afecta a las trabajadoras. Un debate urgente para transformar estructuras sindicales aún patriarcales
Existe una disminución en la participación de docentes santafesinos en votaciones de paro en 2025 producto de las políticas de hostigamiento y recortes salariales del gobernador Pullaro, que obligan a los maestros a dejar de lado la lucha por sus derechos.
El titular de la Asociación Trabajadores del Estado acusó al Presidente de gobernar "al margen de la ley" y de implementar políticas de "violencia institucional" y "vaciamiento del Estado"
Esta tarde, en la sede del PJ Nacional, Cristina Fernández de Kirchner reapareció rodeada de dirigentes, gremialistas y muchísima militancia. ¿El motivo? Se conmemoraron los 69 años de los fusilamientos de José León Suárez, en el marco de un homenaje histórico cargado de memoria, y también de fuerte posicionamiento político frente a la coyuntura judicial y electoral.
Las universidades reaccionaron ante el fallo de la Corte con distintas tomas. Hay medidas en las facultades de Filosofía, Sociales, la FADU y La Plata. El no a la proscripción de los docentes.
Con la reforma parcial de la Constitución de la Provincia de Santa Fe a las puertas, el abogado Juan Andrés Pisarello aporta una mirada crítica sobre dos de los puntos más sensibles del debate: la autonomía municipal y la actualización de los derechos laborales.
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