Según el comunicado, el inmueble —que anteriormente fue destinado a "programas ideológicos y actividades político-partidarias"— pasará a ser utilizado para tareas judiciales, en el marco de una política que, tal como señala el documento oficial, se alinea con el mandato del presidente Javier Milei de “eliminar gastos innecesarios, achicar el Estado y redirigir los recursos hacia lo que verdaderamente importa”.
Las declaraciones del Ministerio de Justicia han generado una ola de rechazo en organismos de derechos humanos, sectores de la sociedad civil y espacios políticos de diversas procedencias. La ex ESMA, uno de los centros clandestinos de detención más emblemáticos de la dictadura militar, es hoy un Sitio de Memoria reconocido por la UNESCO. Allí funcionan instituciones como el Espacio Memoria y Derechos Humanos y diversas organizaciones que, desde hace décadas, trabajan en la transmisión, investigación y preservación de la memoria histórica.
Reducir esa labor a “actividades político-partidarias” implica desconocer el carácter transversal de las políticas de memoria, verdad y justicia en la Argentina, reconocidas en el mundo como ejemplo de reparación histórica y judicialización de crímenes de lesa humanidad. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, mencionadas incluso como candidatas al Nobel de la Paz, son referentes globales por su lucha incansable y no violenta en búsqueda de justicia.
Lejos de ser patrimonio de un gobierno o una gestión, los derechos humanos se han consolidado en la Argentina como política de Estado, con amplio consenso nacional e internacional. En este contexto, la decisión de trasladar funciones judiciales al predio de la ex ESMA —acompañada de una retórica que desacredita el trabajo realizado durante décadas— constituye un retroceso simbólico e institucional que debería convocar a un rechazo firme de todas las fuerzas políticas democráticas.
Preservar la memoria no es un lujo ni un gasto innecesario.
Es una responsabilidad ética, histórica y democrática.
