
SE SUSPENDEN LAS MEDIDAS DE FUERZA
La CGT manifestó su rechazo al DNU 340/2025, calificándolo como un intento del gobierno de "suprimir el derecho a huelga de un plumazo y sin debate ni análisis previo". La central obrera ya está estudiando legalmente la presentación en la Justicia para que el decreto sea declarado inconstitucional.
Sindicales y Trabajadorxs22/05/2025 Redacción LMELa Confederación General del Trabajo (CGT), a través de uno de sus cotitulares, Héctor Daer, ha descartado la posibilidad de convocar a un paro general en respuesta al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025 del gobierno de Javier Milei, que amplía la lista de actividades consideradas "esenciales" y "de importancia trascendental", limitando así el derecho a huelga. Sin embargo, la central obrera ratificó que buscará la vía judicial para frenar la aplicación de la medida, considerándola inconstitucional.
Daer se reunió este viernes con el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la Casa Rosada, aunque aclaró que el encuentro no tuvo como eje principal el polémico decreto, sino un conflicto en el Hospital Naval. A la salida de la reunión, el líder sindical enfatizó que "no hay clima" para un paro nacional en este momento.
La CGT manifestó su rechazo al DNU 340/2025, calificándolo como un intento del gobierno de "suprimir el derecho a huelga de un plumazo y sin debate ni análisis previo". La central obrera ya está estudiando legalmente la presentación en la Justicia para que el decreto sea declarado inconstitucional, siguiendo el mismo camino que adoptaron con éxito contra el capítulo laboral del DNU 70/23.
Fuentes gremiales han señalado que la decisión del gobierno configura "una grave afrenta a la democracia y a los principios elementales de libertad sindical consagrados en nuestra Constitución Nacional capítulo 14 bis y en el convenio 87 de la OIT". Abogados laboralistas consultados coinciden en que el DNU 340/2025 es "completamente irrazonable" y contraviene estándares internacionales.
El nuevo decreto amplía significativamente las actividades consideradas esenciales, incluyendo ahora el transporte de cargas y personas, la educación, los servicios de telecomunicaciones, la producción y distribución de gas, combustibles y energía eléctrica, entre otros. Además, crea la figura de "servicios de importancia trascendental" que deberán garantizar un mínimo del 50% de la prestación durante una huelga.
A pesar de descartar un paro general inminente, la CGT aseguró que el movimiento obrero "dará las batallas que tenga que dar, sean en los tribunales, en la calle o en los puestos de trabajo", con el objetivo de "garantizar este y otros derechos amenazados por el Gobierno Nacional". La central obrera se muestra confiada en que la Justicia actuará nuevamente en favor de los derechos de los trabajadores.
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