El Gobierno Nacional ha generado un fuerte rechazo por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT) tras la publicación del Decreto 340/2025, titulado "Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional". La medida declara al transporte marítimo de personas y mercancías como "servicio esencial", lo que en la práctica implica restricciones al derecho a huelga en ese sector. Según la central sindical, esta decisión representa un intento del Poder Ejecutivo de limitar un derecho constitucional sin mediar debate parlamentario ni consulta con los actores involucrados.
La CGT ha calificado el decreto como una "grave avanzada" contra los derechos laborales, argumentando que la categoría de "servicio esencial" —originalmente concebida para áreas como la salud, la seguridad o los servicios básicos— está siendo ampliada de manera arbitraria para incluir actividades que no cumplen con esos criterios. En su comunicado, el gremio advirtió que esta maniobra busca cercenar la capacidad de protesta de millones de trabajadores y adelantó que no permanecerá en silencio. Las acciones previstas incluyen recursos judiciales, movilizaciones y la defensa activa del derecho a huelga en todos los ámbitos necesarios, ya sea en los tribunales, en las calles o en los lugares de trabajo.
Desde el ámbito jurídico, se señala que la medida podría enfrentar impugnaciones debido a su ambigüedad y a la falta de un marco claro que justifique la esencialidad del transporte marítimo en términos comparables a otros servicios críticos. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), si bien reconoce que el derecho a huelga puede tener limitaciones en casos excepcionales, establece que estas deben ser proporcionales y estar debidamente fundamentadas. Expertos laboralistas subrayan que, al eludir el debate legislativo, el Gobierno corre el riesgo de que la norma sea cuestionada por vulnerar convenios internacionales.
El contexto político y social en el que se enmarca esta decisión no es menor. La relación entre el Gobierno y los sindicatos ya se encontraba tensionada por anteriores conflictos, y esta medida podría agravar el escenario. Mientras el Ejecutivo insiste en que el decreto busca "garantizar la cadena logística y evitar perturbaciones económicas", los críticos lo ven como un paso más hacia la flexibilización de derechos adquiridos. La CGT, por su parte, ha dejado en claro que está dispuesta a dar la batalla en todos los frentes, lo que anticipa un período de confrontación que podría extenderse tanto al ámbito legal como al de la protesta social. La situación plantea, además, interrogantes sobre el futuro de otras ramas de la economía que podrían ser incluidas bajo esta figura, generando un precedente preocupante para el movimiento obrero organizado.
