El gobierno ha reglamentado una reforma laboral que introduce cambios radicales en la forma de gestionar las relaciones laborales, particularmente en lo que refiere a las indemnizaciones por despido. Uno de los puntos más controvertidos es la creación del "fondo de cese", un esquema que sustituye las clásicas indemnizaciones por despido, y que se determinará mediante la negociación colectiva.
Economía26/09/2024
La Mecha EncendidaEste fondo puede financiarse no solo con aportes de los empleadores, sino también de los propios trabajadores, quienes podrían verse obligados a costear su propio despido. A partir de esta nueva normativa, los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) podrán establecer montos, plazos y modalidades de pago sin garantía de un mínimo, lo que implica un cambio significativo respecto a la protección tradicional establecida por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).
El nuevo sistema es optativo para los empleadores, quienes pueden seguir utilizando el régimen anterior si lo consideran más ventajoso. Sin embargo, los trabajadores que rechacen el fondo de cese podrían enfrentar dificultades para firmar sus contratos.
Este modelo ha generado preocupación en sectores sindicales y trabajadores, al ver comprometido el derecho a la protección contra el despido arbitrario, consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. La incertidumbre sobre los montos finales y la posibilidad de que se reduzcan significativamente las compensaciones al trabajador despedido, han puesto en alerta a varias organizaciones.
Esta reforma, que algunos critican por su semejanza con el sistema de la construcción, representa un retroceso respecto a las garantías laborales vigentes desde 1934, afectando directamente los derechos de los trabajadores en Argentina.
La producción de soja en Argentina enfrenta su peor crisis de rentabilidad en años, con márgenes que han caído a cero en promedio nacional, según un informe del Dr. Ignacio Trucco. A diferencia de épocas anteriores, donde el sector agropecuario reaccionaba con fuerza ante políticas adversas, hoy predomina un silencio llamativo.
El Banco Central alerta sobre un aumento alarmante en la mora, afectando hogares y empresas en medio de la crisis económica.
Ni los 50 millones de dólares que habría puesto el Gobierno en la rueda a la vista alcanzaron para frenar la corrida en el mercado de futuros.
La reciente decisión de la jueza Loretta Preska en Estados Unidos, que ordena el embargo del 51% de las acciones de YPF en manos del Estado argentino, representa un nuevo y duro golpe para el pueblo trabajador de nuestro país.
El banco de inversión estadounidense JP Morgan recomendó a sus clientes retirar temporalmente sus posiciones en bonos LECAP de Argentina, luego de obtener una ganancia del 10,4 % desde abril.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela el impacto devastador del ajuste económico de Javier Milei en los jubilados de Santa Fe. Con datos del propio gobierno nacional, el estudio calcula que cada uno de los 484.000 jubilados de la provincia perdió casi un millón de pesos en el último año
El gobierno nacional anunció un aumento en las retenciones a las exportaciones de soja y maíz, según lo publicado en el decreto 439/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo.
La nueva letra del Tesoro (LECAP?S29G5) fue lanzada con vencimientos a corto plazo y se complementa con recompras por parte del BCRA.
La disolución de la Dirección Nacional de Vialidad no sólo es un golpe directo a la infraestructura pública del país. Es, ante todo, una muestra contundente de cómo se construye la agenda informativa y política desde una mirada empresarial, en detrimento de los trabajadores.
El 14 de julio de 2025 marcó un día histórico para la provincia de Santa Fe, Argentina, con el inicio de la Convención Reformadora de la Constitución provincial en la sede de la Legislatura, en la capital santafesina. Este proceso, que busca actualizar la Carta Magna vigente desde 1962, representa un momento crucial para modernizar el marco institucional de la provincia y adaptarlo a los desafíos del presente y del futuro.
La empresa Lácteos Verónica, una de las firmas lácteas más tradicionales de Santa Fe, enfrenta un nuevo capítulo en su prolongada crisis financiera y laboral, que pone en riesgo a 700 trabajadores en sus plantas de Clason, Lehmann y Suardi.
Un estudio nacional revela que solo uno de cada ocho trabajadores utiliza la IA de modo regular, y casi la mitad considera que su empresa está retrasada en su implementación.
Más de 60 trabajadores del Instituto de Tierras Fiscales de la provincia del Chaco fueron despedidos en los últimos días en el marco de un proceso de desmantelamiento institucional que ha generado profunda preocupación en organizaciones sociales, comunidades rurales y sectores vinculados a la producción agropecuaria.