En 1992, Fujimori realizó un "autogolpe", disolviendo el Congreso y reformando el poder judicial, lo que le permitió gobernar con poderes extraordinarios. Este golpe de Estado le permitió consolidar su control, pero también lo llevó a enfrentar acusaciones y condenas de corrupción, violaciones a los derechos humanos y asesinatos selectivos a través del Grupo Colina, un escuadrón de la muerte auspiciado por el Estado. Estas tácticas represivas marcaron el tono autoritario de su régimen.
Fujimori colaboró estrechamente con organismos internacionales, como el FMI y el Banco Mundial, para implementar un modelo económico neoliberal que profundizó la desigualdad social. Aunque logró reducir la inflación y atraer inversión extranjera, sus políticas provocaron un aumento de la pobreza y la informalidad laboral, y minaron las estructuras sociales en Perú. Esto le generó críticas tanto dentro como fuera del país.
En el año 2000, tras un escándalo de corrupción que involucraba a su asesor Vladimiro Montesinos, Fujimori huyó a Japón y renunció a la presidencia vía fax. Posteriormente, fue extraditado a Perú, donde fue condenado por violaciones de derechos humanos y corrupción. Su legado sigue siendo un tema divisivo en la política peruana; mientras algunos lo ven como un reformador necesario, otros lo consideran un símbolo del abuso de poder y la represión.
Fujimori representa un caso paradigmático de la implementación del neoliberalismo bajo un régimen autoritario en América Latina. Su muerte marca el fin de una era en la política de la región, caracterizada por la mano dura contra la oposición y el uso del aparato estatal para favorecer intereses económicos específicos a costa del bienestar general de la población. Su figura sigue siendo un recordatorio de los peligros de la dictadura y la concentración de poder.
