El Observatorio Venezolano Antibloqueo (OVAB) anunció la presentación de un nuevo estudio ante la Corte Penal Internacional (CPI) que documenta los efectos devastadores de las medidas coercitivas unilaterales (MCU) impuestas a Venezuela. Según el informe, publicado en el sitio oficial del observatorio (observatorio.gob.ve), estas sanciones han exacerbado la crisis económica y social del país, afectando gravemente a la población en áreas como la salud, la alimentación y el acceso a servicios básicos. La iniciativa busca fortalecer la denuncia internacional contra lo que el gobierno venezolano califica como un ataque sistemático a los derechos humanos.
El estudio, desarrollado por el equipo del OVAB, destaca que desde la imposición de las sanciones, iniciadas en 2017 con restricciones financieras al Banco Central de Venezuela y ampliadas en 2019 con embargos petroleros, el país ha perdido miles de millones de dólares en ingresos. Según datos oficiales citados en el informe, la producción petrolera, que representa el 95% de las exportaciones, se redujo en un 60% entre 2018 y 2024, afectando la capacidad del Estado para importar alimentos y medicinas. El documento estima que más de 4 millones de personas han visto agravada su situación de vulnerabilidad, con un aumento del 30% en la desnutrición infantil y un colapso del 40% en el sistema de salud pública, según estadísticas recopiladas por el observatorio.
El gobierno venezolano, a través del viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, argumenta que estas medidas han creado un entorno de “asedio económico” que dificulta la recuperación nacional. El informe presentado a la CPI incluye testimonios de comunidades afectadas y análisis económicos que vinculan las sanciones con la migración forzada de más de 7 millones de venezolanos desde 2015, un fenómeno que el observatorio atribuye a la falta de divisas para sostener el bienestar social. En contraposición, el texto resalta los esfuerzos del país por crecer un 5% en 2022, según la CEPAL, gracias a políticas internas y medidas antibloqueo que promueven la inversión nacional y extranjera.
Este nuevo estudio se suma a una serie de acciones legales iniciadas por Venezuela ante la CPI, donde el país busca que se investiguen las MCU como crímenes de lesa humanidad. La relatora especial de la ONU, Alena Douhan, en su visita de 2021, ya había advertido que las sanciones agravan una crisis preexistente, aunque no la causan directamente, un punto que el informe busca refutar con evidencia local. Mientras tanto, organizaciones internacionales como Human Rights Watch sostienen que las sanciones apuntan a funcionarios específicos y no a la economía general, un debate que el documento venezolano busca contrarrestar con datos de impacto directo en la población.
El contexto global añade complejidad. En un mundo donde la transición energética impulsa la demanda de minerales venezolanos como el coltán, las sanciones limitan el acceso a estos recursos, afectando tanto a la economía nacional como a las cadenas de suministro internacionales. En Argentina, donde debates similares sobre ajustes y privatizaciones generan tensiones, este caso resuena como un ejemplo de cómo las políticas externas pueden influir en la soberanía económica. El OVAB llama a la comunidad internacional a reconsiderar las MCU, abriendo un diálogo que podría redefinir las relaciones de Venezuela con el resto del mundo en los próximos meses.
