La Demanda de Participación Ciudadana en la nueva Constitución

El oficialismo, liderado por Unidos para Cambiar Santa Fe, cuenta con 33 de las 69 bancas, lo que le otorga una posición dominante pero requiere consensos con otros bloques, como Más para Santa Fe (12 bancas), La Libertad Avanza (10), Somos Vida y Libertad (7), Activemos (4) y Frente de la Esperanza (3). Pese a los esfuerzos del gobierno por presentar la reforma como un proceso inclusivo, sectores no oficialistas, agrupados en la Multisectorial, han cuestionado la falta de mecanismos efectivos para garantizar una participación ciudadana vinculante.

La Multisectorial por una Reforma Constitucional con Participación Ciudadana, conformada por organizaciones sociales, feministas, ambientales, sindicales, de pueblos originarios, estudiantiles y de derechos humanos, entre otros, se consolidó como un actor clave en la antesala de la Convención. Este colectivo, que incluye a la Asamblea Ni Una Menos de Santa Fe, el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat), la Multisectorial Humedales y la Mesa del Orgullo, entre otros, realizó una serie de acciones para visibilizar su demanda de mayor inclusión en el proceso constituyente. El 14 de julio, coincidiendo con la apertura de la Convención, la Multisectorial llevó a cabo un ritual y una marcha frente a la Legislatura, acompañados por actividades culturales, para exigir “nada sobre el pueblo santafesino sin el pueblo santafesino”.

El colectivo, que comenzó a organizarse en encuentros previos, como los realizados el 14 de junio en Rosario por la Asamblea Lesbotransfeminista y en otros puntos de la provincia, reclama que el reglamento interno de la Convención incorpore mecanismos concretos de participación ciudadana. Entre sus demandas, destacan la apertura de las comisiones deliberativas a las organizaciones sociales y la posibilidad de que sus propuestas sean vinculantes, es decir, que tengan un impacto efectivo en el texto final de la Constitución. Según Teresa Suárez, activista feminista y socioambiental de la Multisectorial, “la Constitución rige nuestras vidas y garantiza los derechos de todas las personas que habitamos el suelo santafesino”, por lo que es fundamental que los sectores populares sean escuchados.

A pesar de los anuncios oficiales, que destacan la existencia de una plataforma web (santafe.gov.ar) para recibir propuestas ciudadanas y la intención de un proceso participativo, la Multisectorial sostiene que las iniciativas de los sectores no oficialistas no han tenido un impacto real ni vinculante en el proyecto oficial. La Ley N.º 14.384, sancionada en diciembre de 2024, y la elección de convencionales, definida por la Ley N.º 14.152, fueron procesos liderados por el oficialismo sin una consulta previa significativa a los actores sociales. La Multisectorial critica que la elección de convencionales, con un bajo nivel de participación ciudadana en las urnas, no refleja la diversidad de intereses de la sociedad santafesina.

Organizaciones como la Asamblea Ni Una Menos han señalado que los temas habilitados para la reforma, aunque incluyen ejes como derechos digitales, ambientales y de género, no surgieron de un diálogo amplio con la sociedad civil, sino que fueron definidos por el poder político. Por ejemplo, el documento “Hacia una Constitución Ecosocial”, elaborado por colectivos socioambientales, propone una cláusula ambiental ecocéntrica que proteja la vida, los territorios y los bienes comunes, pero no hay garantías de que estas propuestas sean incorporadas. Asimismo, sectores feministas y de diversidad sexual han exigido que la nueva Constitución contemple derechos humanos, perspectivas de género y medidas contra los discursos de odio, pero temen que sus aportes queden relegados a un rol simbólico sin incidencia real.

El constitucionalista Oscar Blando, exdirector de Reforma Política y Constitucional de Santa Fe, ha respaldado estas críticas, señalando que procesos anteriores, como el impulsado por el exgobernador Miguel Lifschitz entre 2016 y 2018, incluyeron una consulta más amplia a sectores sociales, académicos e institucionales, lo que otorgó mayor legitimidad social. En contraste, el proceso actual ha sido percibido como más cerrado, liderado por el oficialismo y centrado en temas como la reelección del gobernador, la autonomía municipal y la reforma judicial, que reflejan prioridades políticas más que demandas ciudadanas.

El gobernador Pullaro, principal impulsor de la reforma, ha defendido el proceso como una oportunidad para modernizar Santa Fe y ha destacado la importancia de construir consensos. En su discurso inaugural, afirmó que “reformar no es un gesto técnico, es un acto político y cultural” y llamó a evitar agravios para garantizar un diálogo plural. Sin embargo, la salida del bloque de Somos Vida y Libertad, liderado por Amalia Granata, tras su mención a Alfonsín, evidenció las tensiones políticas que atraviesan la Convención.

El oficialismo ha promovido la plataforma web como un canal de participación, pero la Multisectorial argumenta que esta herramienta no asegura que las propuestas ciudadanas sean vinculantes. Además, la estructura de la Convención, con cinco comisiones (incluida la estratégica comisión redactora), está dominada por Unidos para Cambiar Santa Fe, lo que limita la influencia de los sectores no oficialistas. La Multisectorial planea continuar sus acciones, con nuevas reuniones y actividades públicas, para presionar por una mayor apertura de las comisiones y la inclusión de sus demandas, como derechos ambientales, de género, laborales, sindicales, de pueblos originarios y de personas con discapacidad.

Conclusión
El inicio de la Convención Reformadora de la Constitución en Santa Fe, el 14 de julio de 2025, marcó un momento histórico, pero también puso en evidencia las tensiones entre el proyecto oficial y las demandas de los sectores no oficialistas. La Multisectorial por una Reforma Constitucional con Participación Ciudadana ha emergido como una voz crítica que reclama una democracia más participativa, exigiendo que las comisiones sean abiertas y que las propuestas de la sociedad civil tengan un carácter vinculante. Aunque el oficialismo ha prometido un proceso inclusivo, las críticas apuntan a que las iniciativas de los sectores populares no han logrado influir de manera significativa en el proyecto oficial, lo que plantea un desafío para la legitimidad democrática del proceso. La Convención, que sesionará hasta el 12 de septiembre de 2025 (con posible prórroga), será un espacio clave para determinar si Santa Fe logra una Constitución que refleje las aspiraciones de todos sus habitantes o si queda limitada a los intereses del poder político.