La Cámara Federal porteña ratificó la acusación contra el agente Cristian Rivaldi por abuso de autoridad y lesiones leves. El hecho, registrado en video, expuso una estrategia del Ministerio de Seguridad para encubrir la violencia policial con versiones falsas replicadas por medios afines.
Nacionales15/07/2025 Redacción LMELa Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del agente de la Policía Federal Cristian Miguel Rivaldi, acusado de haber arrojado gas lacrimógeno contra una niña de apenas diez años durante una represión frente al Congreso Nacional, en el marco de una protesta contra la reforma previsional. El hecho ocurrió el 11 de septiembre de 2024 y fue registrado en video por varios manifestantes, lo que permitió reconstruir con claridad lo sucedido y desmentir los intentos de encubrimiento impulsados desde el Ministerio de Seguridad, que buscó eximir de responsabilidad al oficial mediante argumentos inconsistentes, algunos de ellos difundidos y amplificados por ciertos medios de comunicación afines al oficialismo.
Según el fallo de la Sala I de la Cámara, Rivaldi actuó de manera deliberada al disparar el gas directamente contra la menor y su madre, quienes estaban sentadas en el suelo y no representaban amenaza alguna. La niña sufrió lesiones leves, entre ellas conjuntivitis, como consecuencia directa del contacto con el gas. Los camaristas consideraron que el accionar del agente constituyó un abuso de autoridad y ratificaron su procesamiento sin prisión preventiva, además de mantener el embargo de 500 mil pesos sobre sus bienes. La defensa del policía intentó desligarlo del hecho alegando que otro manifestante habría lanzado el gas, que no identificó a la menor entre la multitud y que actuó en cumplimiento del protocolo, pero los jueces rechazaron de plano estos argumentos por carecer de sustento probatorio.
El caso tomó una fuerte dimensión pública y simbólica al tratarse de una agresión a una niña indefensa en un contexto de protesta social. Diversos organismos de derechos humanos, como la Comisión Provincial por la Memoria y Amnistía Internacional, condenaron el episodio y exigieron responsabilidades. La confirmación del procesamiento deja expuesto el intento del Ministerio de Seguridad por encubrir el accionar violento de su fuerza, una estrategia que se apoyó en una narrativa difundida por medios oficialistas que buscaban relativizar los hechos o atribuirlos a terceros sin pruebas. La evidencia audiovisual, sin embargo, fue contundente y permitió avanzar en la causa con claridad. Ahora se espera que el caso avance hacia el juicio oral, donde se determinarán las responsabilidades penales del agente implicado.
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