El Gobierno Nacional oficializó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, presentado bajo el objetivo de “modernizar el cabotaje”, pero que incluye medidas que modifican sustancialmente el ejercicio del derecho a huelga en diversos sectores estratégicos de la economía.
Sindicales y Trabajadorxs21/05/2025 Redacción LMELa nueva normativa redefine qué se entiende por “servicio esencial” e introduce una figura inédita: las “actividades de importancia trascendental”, ampliando así los sectores en los que se establecen restricciones para la realización de medidas de fuerza.
Según el decreto, en los servicios esenciales —que ahora incluyen salud, educación desde el nivel inicial hasta el secundario, telecomunicaciones, servicios portuarios, transporte fluvial y marítimo, energía y agua— los trabajadores deberán garantizar al menos un 75% de la actividad durante una huelga. En el caso de las actividades calificadas como trascendentales, la prestación mínima será del 50%.
Entre estas últimas se listan la producción para exportación, la agroindustria, minería, logística, frigoríficos, hotelería, servicios bancarios y de comercio electrónico, así como la reparación de buques. La Comisión de Garantías tendrá la facultad de ampliar esta categoría si considera que una actividad afecta la “recaudación” o la “normalidad” en el funcionamiento general del país.
La medida genera preocupación entre sectores sindicales y especialistas en derecho laboral, quienes señalan que estas condiciones reducen la capacidad efectiva de presión de los trabajadores durante un conflicto, transformando el derecho a huelga —reconocido constitucionalmente— en una herramienta de escasa incidencia real.
Otro punto que genera debate es que esta reforma ya había sido incluida en el DNU 70/2023, actualmente judicializado por presunta inconstitucionalidad. La reiteración de los mismos contenidos en un nuevo decreto es interpretada por algunos sectores como un intento de sortear los límites impuestos por el Poder Judicial.
Además de la cuestión laboral, el DNU desregula el transporte por cabotaje, habilitando la operación de embarcaciones extranjeras en aguas interiores del país sin necesidad de ajustarse a leyes laborales nacionales ni de contar con tripulación argentina. Esto ha sido leído por referentes del sector como una medida que pone en riesgo la soberanía fluvial y compromete el desarrollo de la industria naval local.
En conjunto, el DNU 340/25 reabre el debate sobre los alcances del poder ejecutivo en materia legislativa y sobre el equilibrio entre la modernización económica y la preservación de los derechos laborales fundamentales.
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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ha convocado a un paro nacional de 24 horas, acompañado de una "jornada de lucha" federal para el próximo miércoles 19 de noviembre.
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SE SUSPENDEN LAS MEDIDAS DE FUERZA
La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales rechazó la oferta del 7% distribuida en seis meses y dispuso un plan de lucha con dos jornadas de paro en los próximos días.
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La Forestadora Tapebicuá paraliza actividades por 30 días, dejando a familias en la incertidumbre mientras acumula deudas salariales en un contexto de recesión industrial
En Tucumán, la policía del gobernador Jaldo atacó a manifestantes de ATE que pedían ropa de trabajo y elementos de seguridad, en medio de una crisis que golpea a los trabajadores en todo el país
En una tensa audiencia con la UOM, el empresario Mateo Marsó reconoció el incumplimiento de los acuerdos salariales firmados hace un mes, lo que intensificó el reclamo sindical y puso fin a la expectativa de reactivación fabril en Firmat.
El laboratorio Elea presentó Obetide, una versión de la semaglutida fabricada en Argentina, cuyo precio será menos de la mitad que la alternativa importada, abriendo una puerta a terapias de vanguardia en un país con el 61\% de adultos con exceso de peso.
La automotriz General Motors concretó 90 nuevos retiros voluntarios en su planta del sur provincial, consolidando una reducción del 50\% de su dotación de personal en menos de dos años, en un contexto de caída de exportaciones y suspensiones recurrentes.
Los registros de la Justicia Federal revelan que el diputado José Luis Espert utilizó las aeronaves de Federico "Fred" Machado, acusado de narcotráfico, en al menos 36 oportunidades durante su campaña presidencial de 2019, contradiciendo su versión pública de un único viaje. La fiscalía investiga si los gastos y una transferencia de 200 mil dólares constituyeron un esquema de lavado.
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