La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) ha presentado una querella contra el gobierno de Javier Milei para frenar los pases a disponibilidad y los despidos masivos en el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. El sindicato denuncia "prácticas antisindicales" y advierte que llevará el caso a instancias internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), si no se revierte la situación.
La medida judicial se produce en respuesta a la decisión del gobierno de no renovar los contratos de 113 trabajadores el pasado 30 de abril, sumándose a los casi 3.000 despidos que, según UPCN, se han producido en el Ministerio desde el inicio de la gestión de Milei.
Denuncia por Prácticas Antisindicales y Exigencia de Cautelar
UPCN acusa al gobierno de llevar adelante una política de despidos selectivos y persecución contra trabajadores afiliados al sindicato, lo que constituye una clara violación de los derechos laborales y sindicales. El sindicato ha solicitado una medida cautelar para frenar los despidos y exigir la reincorporación de los trabajadores afectados.
Según la denuncia, los despidos se han concentrado en áreas sensibles del Ministerio, como la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, lo que pone en riesgo la continuidad de programas y servicios esenciales para la población.
Amenaza de Denuncia ante la OIT
Ante la falta de respuestas y la continuidad de los despidos, UPCN ha advertido que llevará el caso a la OIT, organismo internacional encargado de velar por el cumplimiento de los derechos laborales. El sindicato considera que las acciones del gobierno argentino vulneran convenios internacionales y principios fundamentales del derecho laboral.
Impacto en los Servicios Públicos y Preocupación por la Continuidad de Programas
Los despidos masivos en el Ministerio de Capital Humano generan preocupación por el impacto en la continuidad de programas y servicios públicos destinados a los sectores más vulnerables de la sociedad. El sindicato denuncia que la falta de personal afecta la atención de comedores comunitarios, la asistencia a niños y adolescentes en situación de riesgo y la implementación de políticas sociales.
