El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, imputó al presidente Javier Milei, a la diputada nacional Lilia Lemoine y a varios referentes libertarios —incluidos funcionarios, influencers y usuarios activos de redes sociales— en la causa que investiga una presunta campaña coordinada de hostigamiento contra la periodista Julia Mengolini. La denuncia, presentada por la propia Mengolini en julio, señala la existencia de amenazas, intimidación pública, apología del crimen, malversación de fondos públicos y asociación ilícita.
Entre los imputados se encuentran el realizador audiovisual Santiago Oría, responsable de producciones oficiales del Gobierno; el streamer e influencer Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”; el abogado Alejandro Sarubbi Benítez y otros usuarios con fuerte actividad en redes vinculados al oficialismo. La fiscalía busca establecer si los ataques fueron planificados y financiados con recursos estatales, y si formaron parte de una estructura organizada para amedrentar a críticos del Gobierno.
El caso cobró especial relevancia tras la difusión de un video falso de contenido sexual, generado con inteligencia artificial, en el que se mostraba a Mengolini junto a su hermano. El material, que ella calificó como un acto de “tortura psicológica”, circuló masivamente en redes y fue replicado por cuentas asociadas al oficialismo. La periodista también denunció una ola de mensajes intimidatorios y violentos que, según su presentación, buscaban silenciarla y erosionar su credibilidad profesional.
En paralelo a las imputaciones, el juzgado federal dispuso medidas de protección para Mengolini, incluyendo custodia policial y la entrega de un botón antipánico. El fiscal Domínguez solicitó además pruebas a distintas plataformas para identificar a los autores de los mensajes más agresivos, verificar posibles coordinaciones entre ellos y determinar si existió un uso indebido de fondos públicos para sostener la campaña de hostigamiento.
La causa está caratulada como “Milei, Javier y otros s/ amenazas, intimidación pública, malversación de caudales públicos, apología del crimen y asociación ilícita”. Para la fiscalía, el hecho de que se investigue a un presidente en funciones junto a miembros de su entorno digital y político por este tipo de delitos representa un hecho de gravedad institucional.
Mengolini, por su parte, declaró que no se trata de un ataque personal aislado, sino de una modalidad de violencia digital con un trasfondo político, que puede afectar a cualquiera que exprese críticas al Gobierno. La investigación continúa en el Juzgado Federal de San Isidro, con nuevas medidas de prueba en curso y la expectativa de que se determinen responsabilidades penales en los próximos meses.
