A las 10 de la mañana de este miércoles, se reanuda en Rosario una nueva audiencia de alegatos en el juicio por la causa "Villazo", que investiga la responsabilidad de directivos de la empresa Acindar en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar (1976-1983). El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), como querellante, lidera las acusaciones, señalando que la planta de Acindar en Villa Constitución funcionó como centro clandestino de detención y que sus vehículos fueron utilizados en secuestros.
El caso, transmitido en vivo por el canal de YouTube de La Retaguardia, se centra en los eventos de 1975, cuando la ocupación militar y parapolicial de Villa Constitución reprimió a trabajadores metalúrgicos tras el triunfo de la Lista Marrón en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Según el CELS, la empresa proporcionó información clave, como fotos y datos personales de empleados, que facilitaron los operativos represivos. Entre los imputados están Roberto Pellegrini, jefe de personal, y Ricardo Torralvo, exfuncionario administrativo, quienes podrían enfrentar prisión perpetua si se comprueba su participación como partícipes necesarios.
La causa "Villazo" es histórica, ya que marca la primera vez que se juzga directamente a ejecutivos de Acindar por su rol en la represión. Durante la dictadura, la firma, liderada entonces por José Alfredo Martínez de Hoz, se benefició de la concentración siderúrgica, mientras sus instalaciones albergaban un centro de detención y un puesto policial. Documentos judiciales revelan que las fotos de los trabajadores, actualizadas en 1975 para renovar carnets, fueron usadas por las fuerzas armadas para identificar y secuestrar a sindicalistas.
Esta audiencia llega tras décadas de lucha por la justicia, alineándose con otros casos emblemáticos contra empresas como Ford y Mercedes-Benz por complicidad en delitos de lesa humanidad. La sociedad civil y organizaciones de derechos humanos ven el juicio como un paso crucial para establecer precedentes de responsabilidad empresarial. Sin embargo, el proceso enfrenta desafíos, incluyendo la resistencia de sectores empresariales y la complejidad de probar la cadena de mando.
El CELS ha pedido al Tribunal Oral Federal N° 1 de Rosario que condene a los imputados, destacando la gravedad de los secuestros, torturas y asesinatos de 37 personas, incluidos líderes sindicales. La audiencia de hoy podría definir el rumbo de este hito judicial
