En los últimos dos años la inversión en obra pública cayó a niveles históricos, y el impacto se siente en todo el país: rutas en mal estado, mayores costos logísticos, más accidentes y pérdida de empleos en la construcción
Nacionales17/08/2025 La Mecha EncendidaSegún datos de la Dirección Nacional de Vialidad, solo el 47,5 % de la red vial nacional está en “buen estado”. En 2022 ese porcentaje era del 55 %. Mientras tanto, casi un tercio de las rutas ya están catalogadas como “malas”. El deterioro se explica por la caída abrupta del gasto de capital: en 2019 representaba el 1,1 % del PBI, llegó al 1,6 % en 2022 y en 2024 se derrumbó al 0,4 %.
La brecha es alarmante. Para mantener las rutas se necesitan más de 4.000 millones de dólares por año, y para rehabilitarlas de forma integral, casi 41.000 millones. Sin embargo, el Estado nacional destinó apenas 376 millones de dólares en 2024, menos del 10 % de lo necesario.
La contracción golpea directo en la productividad: el transporte de granos, carne, insumos industriales y bienes de consumo se encarece por los baches, las demoras y el mayor gasto en combustible. Eso no solo perjudica a la economía en su conjunto: también recae en los bolsillos de las familias trabajadoras.
La obra pública es una palanca de desarrollo y empleo. Genera trabajo directo en la construcción y mueve una cadena que incluye a proveedores de cemento, acero, maquinaria y servicios locales. Pero el ajuste la transformó en variable de sacrificio.
Un dato clave: invertir en infraestructura tiene un efecto multiplicador altísimo —entre 2,8 y 5,5 veces, según el Banco Central— y no compite con la inversión privada, sino que la potencia. Sin rutas, caminos y puentes, ningún productor puede sacar su mercadería y ningún trabajador llega a destino de forma segura.
El discurso oficial que promete “orden fiscal” a costa del desguace estatal no solo recorta el presente: también hipoteca el futuro. Porque sin obra pública, el país se vuelve más caro, más desigual y menos productivo.
Reclaman, entre otras cosas, “una jubilación mínima de $1.250.000 proporcional en todas las escalas, que respete la canasta básica total de la tercera edad”.
El documento parlamentario denuncia maniobras compatibles con un “Rug Pull”, apunta a funcionarios clave y exige explicaciones al Presidente y su entorno.
Un informe del Celag muestra que el país quedó último en el ranking latinoamericano.
Una decisión judicial sin precedentes ordena a Vialidad Nacional (VN) a iniciar de inmediato las obras de reparación en los tramos críticos de la Ruta Nacional 40, respondiendo a una presentación formal del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien denunció el grave deterioro de la calzada que pone en riesgo la vida de los conductores.
La propuesta de Reforma Tributaria impulsada por el Gobierno de Luis Caputo planea desmantelar el Régimen Simplificado, forzando a casi 3 millones de trabajadores independientes a migrar al Régimen General.
Mediante un decreto, el Poder Ejecutivo restringe las revisiones obligatorias del Senasa y la Anmat sobre los productos que ingresan al país, priorizando la "celeridad" en las importaciones. La medida reduce las inspecciones antes de que la mercadería llegue a la venta, generando preocupación en torno a la seguridad alimentaria.
El fallo judicial en la provincia de Buenos Aires ordenó la liquidación total de la tradicional firma láctea Lácteos Conosur S.A., controlante de La Suipachense. La medida deja a más de 140 familias sin fuente de trabajo, agravando una situación social que se suma a la reciente quiebra de la también controlada ARSA.
Según el INDEC, el costo de la Canasta Básica Total (CBT) se aceleró en octubre, superando a la inflación general del mes. La canasta alimentaria, que marca el umbral de la indigencia, también registró un fuerte aumento, impactando directamente en la capacidad de compra de los hogares.
El presidente de la Mutual de Trabajadores de Tecnología, Leandro Monk, dialogó con La Patriada sobre los desafíos que plantea la inteligencia artificial. Cuestionó el modelo extractivista de las grandes corporaciones y llamó a pensar la tecnología desde la soberanía, el trabajo y el bien común.
El Programa QUEDATE tiene como objetivo acompañar a las y los estudiantes en la continuidad de sus trayectorias educativas, brindando herramientas para reforzar aprendizajes y posibilitar la finalización del nivel secundario.
Exigen la renovación de los contratos de diciembre y denuncian falta de personal en áreas sensibles, como enfermería.
Reclaman, entre otras cosas, “una jubilación mínima de $1.250.000 proporcional en todas las escalas, que respete la canasta básica total de la tercera edad”.
Analizan medidas de emergencia en Granja Tres Arroyos