Según datos de la Dirección Nacional de Vialidad, solo el 47,5 % de la red vial nacional está en “buen estado”. En 2022 ese porcentaje era del 55 %. Mientras tanto, casi un tercio de las rutas ya están catalogadas como “malas”. El deterioro se explica por la caída abrupta del gasto de capital: en 2019 representaba el 1,1 % del PBI, llegó al 1,6 % en 2022 y en 2024 se derrumbó al 0,4 %.
La brecha es alarmante. Para mantener las rutas se necesitan más de 4.000 millones de dólares por año, y para rehabilitarlas de forma integral, casi 41.000 millones. Sin embargo, el Estado nacional destinó apenas 376 millones de dólares en 2024, menos del 10 % de lo necesario.
La contracción golpea directo en la productividad: el transporte de granos, carne, insumos industriales y bienes de consumo se encarece por los baches, las demoras y el mayor gasto en combustible. Eso no solo perjudica a la economía en su conjunto: también recae en los bolsillos de las familias trabajadoras.
La obra pública es una palanca de desarrollo y empleo. Genera trabajo directo en la construcción y mueve una cadena que incluye a proveedores de cemento, acero, maquinaria y servicios locales. Pero el ajuste la transformó en variable de sacrificio.
Un dato clave: invertir en infraestructura tiene un efecto multiplicador altísimo —entre 2,8 y 5,5 veces, según el Banco Central— y no compite con la inversión privada, sino que la potencia. Sin rutas, caminos y puentes, ningún productor puede sacar su mercadería y ningún trabajador llega a destino de forma segura.
El discurso oficial que promete “orden fiscal” a costa del desguace estatal no solo recorta el presente: también hipoteca el futuro. Porque sin obra pública, el país se vuelve más caro, más desigual y menos productivo.
