La imagen de la ciudad bajo el agua, la desesperación, la pérdida de vidas y de todo un patrimonio aún perduran en la memoria colectiva.
Sin embargo, a más de dos décadas de la tragedia, una herida profunda sigue abierta: la impunidad que, denuncian las víctimas y sus allegados, el poder judicial se encargó de garantizar.
Las lluvias récord en la cuenca, la falta de obras de infraestructura adecuadas y las negligencias de la gestión de entonces convergieron en un desastre evitable. La crecida anunciada del río encontró una ciudad vulnerable, con defensas insuficientes y una planificación urbana cuestionable.
El resultado fue devastador: barrios enteros anegados, miles de evacuados, pérdidas económicas incalculables y, lo más irreparable, la pérdida de vidas humanas.
En los días, semanas y meses posteriores, la solidaridad fue uno de los factores clave. Sin embargo, la búsqueda de justicia por las responsabilidades de lo ocurrido se topó con un muro de silencio y una lentitud de un Poder Judicial que miró para otro lado.
Las investigaciones judiciales, aunque se iniciaron, nunca lograron señalar ni condenar a los responsables políticos de las omisiones y decisiones que contribuyeron a la magnitud de la tragedia.
La frase «a mí nadie me avisó«, pronunciada por el entonces gobernador Carlos Reutemann, quedó grabada como un símbolo de la falta de asunción de responsabilidades. Si bien la justicia investigó su accionar y el de otros funcionarios, la causa finalmente se diluyó, dejando un sabor amargo y la sensación de que los poderosos quedaron exentos de rendir cuentas ante el sufrimiento de miles de santafesinos.
Hoy, a 22 años de la inundación, las marcas físicas del desastre pueden haberse atenuado, pero las cicatrices emocionales y la sensación de injusticia persisten. Las víctimas y sus familiares continúan alzando la voz, recordando a los que ya no están y exigiendo que la memoria no se borre. La impunidad, denuncian, no solo niega justicia a quienes sufrieron las consecuencias de la inundación, sino que también sienta un precedente peligroso, dejando abierta la posibilidad de que situaciones similares se repitan en el futuro.
Este nuevo aniversario encuentra a la comunidad santafesina recordando con dolor, pero también con la firme convicción de que la lucha por la memoria, la verdad y la justicia sigue vigente. Las heridas de la inundación del 2003 seguirán sangrando mientras la impunidad siga siendo la respuesta del poder judicial a una tragedia que pudo y debió evitarse.
La exigencia de respuestas y de una justicia real continúa siendo un clamor unánime en la ciudad que aún recuerda el rugido del Salado y el silencio cómplice de la impunidad.
