El Ministerio de Seguridad de la Nación acaba de emitir la Resolución 893/2024 por la cual crea un Comando Unificado de Seguridad Productiva “con el objetivo específico de ejecutar tareas destinadas a la prevención y control del orden en los enclaves productivos del País”. ¿Seguridad Productiva?
Editoriales - #NuestraMirada11/09/2024 Carlos BorgnaSEGURIDAD PRODUCTIVA
El Ministerio de Seguridad de la Nación acaba de emitir la Resolución 893/2024 por la cual crea un Comando Unificado de Seguridad Productiva “con el objetivo específico de ejecutar tareas destinadas a la prevención y control del orden en los enclaves productivos del País” y en su segundo artículo especifica que estará integrado por: la Secretaría de Seguridad, la Subsecretaría de Despliegue Territorial, la Dirección Nacional de Operaciones y Despliegue Territorial, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y por los representantes que designen del cuerpo policial de las provincias en las que se necesaria la actividad del ámbito recién constituido.
Como primera observación merece destacarse la conjunción de prácticamente todas las fuerzas operativas dependientes de ese Ministerio y la inclusión de las policías provinciales, hecho éste que adquiere un carácter fuertemente político, pues su presencia debe estar avalada por lxs gobernadores, lo cual los involucra directamente en las situaciones que puedan presentarse.
Sin embargo, los Considerandos arrojan luz sobre qué provincias pueden estar involucradas y cuáles expresiones de “lo productivo” se pretende defender, quedando muy en evidencia que es un criterio laxo que da para ser interpretado al gusto y paladar de la Ministra Patricia Bullrich.
Luego de especificar que el Estado Nacional ha creado Comandos Unificados en “Rosario- Santa Fe; Comando Unificado del Conurbano, Comando Unificado de Villa Mascardi, Comando Unificado Urbano; con resultados altamente positivos en todos los casos”; sostiene que “se han originado graves hechos de violencia, bloqueos e impedimento por medios ilícitos para que se pueda trabajar, comercializar y distribuir libremente la producción, en zonas portuarias Bahía Blanca, San Lorenzo –Timbúes, zonas de producción de hidrocarburos como Vaca Muerta o zonas mineras, o Parques Industriales, hechos que concretamente incidieron en un peligro colectivo a la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes y de las empresas o libre circulación de los trabajadores, como también de su actividad productiva”.
Un simple ejercicio de memoria permitirá afirmar cuales son las provincias involucradas en esta decisión, los sectores económicos señalados prioritariamente y las empresas o corporaciones extranjeras beneficiarias de esta decisión ministerial; en donde la tutela de los espacios ocupados por actividades extractivistas, de granos, y puertos son mencionados explícitamente.
Aún más, el texto en cuestión argumenta: “Que existen sectores de la economía que, a causa de su gran contribución al crecimiento del país debido al volumen de su producción, a la magnitud de su aporte, a su conexión con los servicios públicos, a la sensibilidad del material derivado de su actividad o al alto valor de sus productos, requieren de una seguridad especial. Que la protección física de los individuos y los bienes de las empresas como destinatarios finales de las políticas públicas se ha convertido en una importante demanda ciudadana”.
Resulta necesario resaltar que esta resolución encuentra una línea de coherencia con el RIGI votado en el Congreso de la Nación y con la Reforma Laboral, que por estas horas se está definiendo su reglamentación.
Imaginemos entonces, el impacto -frente a los reclamos obreros que incluyen -en la provincia de Santa Fe- desde Villa Constitución, pasando por todo el conglomerado de Rosario, hasta Timbués-, que esta medida puede tener, referenciándonos en conflictos que ya se desataron, como por ejemplo en Acindar, los aceiteros del cordón industrial norte, o los innumerables conflictos por despidos, suspensiones y salarios en toda la región.
No habría que extrañarse que empiecen aparecer desde trolls hasta funcionarios, legisladores y periodistas que frente a la posibilidad cierta de paros, cortes o movilizaciones comiencen a justificar las acciones sustentadas en esta resolución con los argumentos que en ella se especifican de forma muy notoria.
Viene a la memoria la caracterización que en los años 1974 y 1975 se hiciera del desarrollo sindical, clasista y de lucha que la derecha dentro y fuera del gobierno de turno y las fuerzas de seguridad inmortalizaran con el nombre del cinturón “rojo del Gran Rosario” o más específicamente “la serpiente roja del Paraná”. Todos sabemos cómo terminó la historia.
En una provincia con reclamos urgentes de presencia estatal, el gobierno de Pullaro impulsa un masivo endeudamiento para obras públicas, mientras gran parte de la sociedad aplaude políticas que vacían al Estado. Una paradoja que se repite y nadie parece querer ver.
Francisco fue uno de los nuestros: el que puso a los de abajo en el centro, rompió muros y tendió puentes. Su muerte es parte del hilo que conecta las luchas populares de los últimos 25 años.
Por estas horas aparecen en redes sociales distintos análisis sobre el resultado electoral en Santa Fe y frente al triunfalismo repetitivo del gobierno provincial, se intenta bajarle el precio a la elección del gobernador con la simple ecuación de comparar votos y se llega a afirmar –casi rotundamente- que el 45% no fue a votar.
No es sólo una cuestión de egos. De quien maneja la lapicera. De cargos legislativos, o de candidaturas para 2027. Ni tierra de traiciones, y traicionados. La interna –que tanto daño le está haciendo al campo nacional y popular- es un problema claro y concreto de construcción política.
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