
Hito científico en el Conurbano: La UNAHUR suma la primera computadora cuántica universitaria
La Universidad Nacional de Hurlingham incorporó un equipamiento inédito que posiciona a la educación pública argentina a la vanguardia tecnológica.
En Catamarca 35 trabajadores quedaron sin trabajo y 18 mil emprendimientos sin asistencia
Nacionales19/03/2024 REDACCIÓN LMETras los anuncios del Gobierno de Javier Milei de cerrar el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar, dialogó con el cuerpo de 35 trabajadoras y trabajadores del organismo en Catamarca, quienes se enteraron de que quedarían sin trabajo con los anuncios del vocero presidencial, sin una comunicación oficial: “Entendemos que es el modus operandi de este gobierno que maltrata y violenta a los trabajadores”, señalaron.

Para las y los técnicos, el Gobierno nacional no es honesto en cuanto a lo que exponen del área: “La agricultura familiar aporta el 70 por ciento de los alimentos al país; hoy sufre una tensión, porque aparte de la eliminación de esta política pública, en paralelo se anunció la apertura de exportaciones a los alimentos”.
Desde ATE Agricultura Familiar Catamarca, desmintieron los datos aportados por el Gobierno nacional. A través del comunicado “Mentir para ajustar”, señalaron los puntos mencionados ayer por el Gobierno, y llamaron a una conferencia de prensa hoy a las 10 horas en Maipú 160.
Entre los puntos a desmentir sobre lo dicho por Adorni remarcaron: “Es mentira que uno cada tres somos funcionarios. Somos 900 trabajadores repartidos en todo el país, aquí en Catamarca 35 trabajadores y trabajadoras que dependemos de nuestro salario para vivir”.
“Dijo que teníamos 204 vehículos. Con lo cual debería haber, por lo menos, 10 vehículos por provincia. Hace años que ponemos el propio para llegar a los parajes rurales”.
“Dijo que el organismo tiene dos sedes. Eso expresa el total desconocimiento del funcionamiento del organismo. Es una política nacional, que tiene su oficina central en Capital Federal y luego cada provincia tiene una delegación. Aquí en Catamarca la sede de la delegación es alquilada y hace meses que no pagan el alquiler”.
“Con respecto a lo que mencionaron como puestos de no trabajo: todes les técnicos del INAFCI podemos dar cuenta de proyectos ejecutados y en ejecución y todas las líneas de trabajo que sostenemos con nuestros propios recursos desde hace años”.
“Dijo: que lxs productorxs no se manifestaron. Muchas organizaciones vienen pidiendo presupuesto para el sector con feriazos y verdurazos”.
“Somos trabajadorxs que acompañamos en todo el país, la producción de alimentos, la producción agroecológica, el acompañamiento a mujeres rurales campesinas e indígenas, el acceso al agua en comunidades rurales, el acceso a la tecnología, las mejoras en la infraestructura productiva, el acceso al monotributo social agropecuario, generamos datos estadísticos a través del RENAF (Registro Nacional de la Agricultura Familiar campesina e indígena), acompañamos a ferias y el desarrollo de mercados de cercanía, circuitos de comercialización sin intermediarios y sin explotación, acompañamos las producciones artesanales”, enumeraron.
Remarcaron que “como sector gremial no vamos a bajar los brazos. Ya en 2020 (tras los despidos del gobierno de Mauricio Macri), logramos que vuelvan casi todos nuestros compañeros; no le vamos a dar el gusto a Milei”.
Fuentes: https://www.pagina12.com.ar/722459-el-cierre-del-instituto-de-agricultura-familiar-y-sus-secuel

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La contratación directa de la empresa estatal israelí para la gestión estratégica de los recursos hídricos en la mitad del país ha despertado fuertes denuncias por la falta de licitaciones públicas, la ausencia de consultas populares y la entrega de información geológica crítica bajo cláusulas de confidencialidad y legislación extranjera.

En una madrugada de negociaciones febriles y giros inesperados, la oposición logró bloquear el intento del Gobierno de derogar normativas clave. Aunque el Presupuesto 2026 obtuvo media sanción en general, el artículo que buscaba desfinanciar a las universidades y eliminar la emergencia en discapacidad fue rechazado por el voto mayoritario de la Cámara Baja.

Un informe colaborativo estima en 21 billones de pesos anuales el flujo de recursos que dejarían de percibir los trabajadores para integrarse a la rentabilidad empresarial, impulsado por cambios drásticos en el cálculo de indemnizaciones, la eliminación de presunciones de empleo y la flexibilización de la jornada laboral.

A través de un extenso análisis en sus redes sociales, la expresidenta cuestionó el desfile de políticas cambiarias contradictorias del oficialismo, advirtió sobre la caída del consumo y denunció que, por primera vez en dos décadas, la inversión extranjera directa arroja saldos negativos mientras las multinacionales abandonan el país.

El oficialismo, con el respaldo clave del PRO y sectores de la UCR, avanzó en la Cámara de Diputados con un proyecto de ley que elimina las garantías de financiamiento para la educación superior y el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad, generando una fuerte reacción de los sectores afectados.

Los mandatarios provinciales se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones para unificar reclamos por deudas de coparticipación, parálisis de la obra pública y el desvío de fondos previsionales, advirtiendo que el modelo económico nacional pone en riesgo la viabilidad de los territorios.

El oficialismo consiguió el dictamen de mayoría para el proyecto de Presupuesto 2026, que incluye la derogación de financiamiento específico para áreas sensibles como educación superior y asistencia a personas con discapacidad, además de la eliminación de fondos clave para el emblemático Hospital Garrahan.

En una jornada de calor extremo, la CGT, ambas CTA y la UTEP encabezaron una movilización frente a la Legislatura para denunciar un proyecto que consideran un avance sobre los derechos históricos y la "mercantilización" del trabajo.

Tras la aprobación legislativa de un beneficio que recortaría la condena de Jair Bolsonaro de 27 a apenas 5 años de prisión, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció que anulará la medida, sosteniendo que los ataques contra la democracia no pueden quedar impunes bajo conveniencias políticas.

Tras el trágico accidente en Arrufó que se cobró dos vidas, el senador Felipe Michlig anunció que llevará a la Justicia Federal al organismo nacional ante la falta de autorización para construir una rotonda estratégica en el cruce con la Ruta Provincial 39, una obra que ya cuenta con presupuesto y adjudicación por parte de la provincia de Santa Fe.

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Se identifica al gobierno de Milei como el enemigo principal, pero la práctica militante y dirigente sigue secuestrada por la carrera por los cargos y las listas, repitiendo las viejas recetas funcionales al sistema que se dice combatir.