Despidos masivos en el Instituto de Tierras Fiscales encienden la alarma por el acceso a la tierra

Desde el cuerpo de trabajadores cesanteados se emitió un comunicado en el que se denuncia que estas medidas no solo dejan a decenas de familias sin su sustento, sino que también ponen en riesgo un derecho humano fundamental: el acceso a la tierra.

“El Instituto de Tierras Fiscales no es un organismo más”, afirman. “Es el corazón de las políticas públicas que, durante décadas, garantizaron la regularización, el arraigo y la dignidad de miles de pequeños productores rurales, campesinos, familias originarias y pobladores que trabajan y viven en tierras fiscales”.

El cierre de áreas clave y la desvinculación de personal con años de experiencia significan, en los hechos, el abandono del acompañamiento estatal a comunidades que dependen del acceso legal a la tierra para vivir, producir y proyectar su futuro. Según denuncian, esto también deja el camino libre para el avance de intereses económicos sobre tierras públicas, sin mediación institucional que defienda el interés colectivo.

“Quienes hoy pierden su empleo eran los que caminaban los parajes, escuchaban a los pobladores y traducían las necesidades del campo profundo en políticas concretas”, señalaron.

Lejos de ser un simple recorte administrativo, los trabajadores describen esta situación como parte de una “decisión política de vaciamiento” que arrasa con derechos y borra la memoria de lucha por la tierra que marcó a generaciones en la provincia.

Ante este escenario, exigen la inmediata reincorporación del personal despedido y la restitución plena del funcionamiento del Instituto. También llaman a la sociedad a defender la presencia del Estado “donde más se lo necesita”.

El reclamo concluye con una frase que resume el drama y la denuncia: “Porque sin tierra no hay producción. Sin producción, no hay futuro. Y sin futuro, el abandono no es casualidad: es político”