Gobierno apela: busca imponer la disolución de Vialidad Nacional pese a fallo judicial

El gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su estrategia de ajuste al anunciar que apelará la medida judicial que suspendió la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), conocida como Vialidad Nacional. La decisión, tomada por un juez kirchnerista y respaldada por un amparo presentado esta semana, frenó temporalmente el decreto que buscaba desmantelar este organismo, acusado por el Ejecutivo de ser un símbolo de ineficiencia y corrupción durante las gestiones anteriores. Sin embargo, la apelación reaviva el debate sobre el impacto de estas medidas en los trabajadores y la infraestructura vial del país.

El conflicto se desató tras el decreto emitido hace diez días, que ordenó la disolución de Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Tránsito, transfiriendo sus funciones al Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte. Según el gobierno, esta reestructuración permitirá ahorros de 87,9 millones de dólares anuales, eliminando duplicaciones y reduciendo una planta de 5.184 empleados, de los cuales el 67% realizaba tareas administrativas y solo el 33% operativas. Sin embargo, la medida fue cuestionada por un juez que argumentó que el "apresuramiento" en el desguace estatal amenaza la estabilidad laboral de cientos de trabajadores, protegidos por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

El amparo, presentado por sectores opositores, denuncia que esta política repite "fracasadas recetas económicas" de décadas pasadas, como la entrega de empresas estatales durante el menemismo y el macrismo, y pone en riesgo la soberanía sobre los recursos naturales. Desde La Mecha Encendida advertimos que detrás de los números del "ahorro" se esconden despidos masivos y la precarización de un servicio esencial para las rutas argentinas. "Es el fin de un era de corrupción, pero a costa de los laburantes", defendió un vocero oficial, mientras que sindicatos y movimientos sociales exigen la reversión del plan.

La apelación, presentada hoy ante el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 23 a cargo de la Dra. Marta Rey, busca torcer el fallo y reactivar el desmantelamiento. Sin embargo, la decisión final podría demorarse semanas, dejando a los trabajadores en un limbo de incertidumbre. En redes, la polémica crece: "¿Y quién va a mantener las rutas si despiden a todos?", se preguntó un usuario en X, reflejando el temor de una población que ya sufre los embates de la inflación y la devaluación. Mientras tanto, el gobierno insiste en su agenda de recorte, pero la Justicia y la calle podrían tener la última palabra.