La misiva, enviada al gobierno argentino el 12 de mayo de 2025, señala múltiples violaciones a los derechos humanos, incluyendo la brutalidad de las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones pacíficas y la persecución sistemática contra jueces que investigan estos abusos, como el caso de la jueza Karina Andrade.
Los relatores destacaron que, desde la asunción del gobierno de Javier Milei y la implementación del “protocolo antipiquetes” liderado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se han registrado episodios de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y violencia contra manifestantes. Según informes recopilados por la ONU, más de 80 personas han sido detenidas arbitrariamente, 665 han resultado heridas —algunas con pérdida de visión por balas de goma— y 47 trabajadores de prensa han sido atacados durante protestas.
Un caso emblemático es el de la jueza Karina Andrade, quien denunció hostigamiento y amenazas tras ordenar la liberación de 114 personas detenidas durante una manifestación en marzo de 2025. La Relatoría Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados, liderada por Margaret Satterthwaite, calificó estas acciones como un “patrón de hostigamiento estructural” contra el Poder Judicial, interpretándolas como un intento deliberado de castigar a jueces por sus decisiones. Los relatores subrayaron que “los Estados tienen la obligación de proteger a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión” y condenaron los procesos penales y disciplinarios contra magistrados como una forma de represalia.
Además, la ONU señaló que las políticas del gobierno han restringido los derechos a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión, afectando gravemente el acceso a la justicia. Los relatores instaron al gobierno a garantizar estos derechos y solicitaron información detallada sobre las medidas tomadas para abordar estas violaciones. Sin embargo, tras dos meses de silencio, el gobierno argentino, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, solo pidió una prórroga para responder, sin ofrecer explicaciones sustantivas.
Esta denuncia internacional pone en evidencia las tensiones entre el Ejecutivo argentino y los organismos de derechos humanos, en un contexto de creciente preocupación global por el retroceso democrático en el país. Los relatores enfatizaron que los Estados deben facilitar y proteger los derechos fundamentales, conforme a las normas internacionales, y advirtieron que las acciones actuales del gobierno podrían socavar aún más la democracia y el estado de derecho en Argentina.
