Relatores de la ONU expresan seria preocupación por el deterioro de libertades fundamentales en Argentina

Un grupo de relatores especiales de Naciones Unidas ha emitido una denuncia formal expresando su “seria preocupación” por el grave deterioro de las libertades fundamentales y del espacio cívico en Argentina desde diciembre de 2023.

Nacionales14/07/2025 Redacción LME


La misiva, enviada al gobierno argentino el 12 de mayo de 2025, señala múltiples violaciones a los derechos humanos, incluyendo la brutalidad de las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones pacíficas y la persecución sistemática contra jueces que investigan estos abusos, como el caso de la jueza Karina Andrade.

Los relatores destacaron que, desde la asunción del gobierno de Javier Milei y la implementación del “protocolo antipiquetes” liderado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se han registrado episodios de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y violencia contra manifestantes. Según informes recopilados por la ONU, más de 80 personas han sido detenidas arbitrariamente, 665 han resultado heridas —algunas con pérdida de visión por balas de goma— y 47 trabajadores de prensa han sido atacados durante protestas.

tomas-cuestajpg

Un caso emblemático es el de la jueza Karina Andrade, quien denunció hostigamiento y amenazas tras ordenar la liberación de 114 personas detenidas durante una manifestación en marzo de 2025. La Relatoría Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados, liderada por Margaret Satterthwaite, calificó estas acciones como un “patrón de hostigamiento estructural” contra el Poder Judicial, interpretándolas como un intento deliberado de castigar a jueces por sus decisiones. Los relatores subrayaron que “los Estados tienen la obligación de proteger a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión” y condenaron los procesos penales y disciplinarios contra magistrados como una forma de represalia.

Además, la ONU señaló que las políticas del gobierno han restringido los derechos a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión, afectando gravemente el acceso a la justicia. Los relatores instaron al gobierno a garantizar estos derechos y solicitaron información detallada sobre las medidas tomadas para abordar estas violaciones. Sin embargo, tras dos meses de silencio, el gobierno argentino, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, solo pidió una prórroga para responder, sin ofrecer explicaciones sustantivas.

Esta denuncia internacional pone en evidencia las tensiones entre el Ejecutivo argentino y los organismos de derechos humanos, en un contexto de creciente preocupación global por el retroceso democrático en el país. Los relatores enfatizaron que los Estados deben facilitar y proteger los derechos fundamentales, conforme a las normas internacionales, y advirtieron que las acciones actuales del gobierno podrían socavar aún más la democracia y el estado de derecho en Argentina.

protesta-jubilados-congreso-07052025-Antonio-Becerra-5

Te puede interesar
Lo más visto