Un 15 de Julio, diez años atrás, una madrugada de Buenos Aires en el congreso de la Nación, se había aprobado lo que, por muchos años los movimientos LGBTIQ+ pelearon, la Ley de Matrimonio Igualitario. Argentina fue el primer país de América Latina en reconocer este derecho, y el décimo en el mundo.
Nacionales15/07/2020
Valeria Repetto
La ley fue el resultado de años de trabajo y de arduas campañas promovidas desde las organizaciones LGBTIQ+ argentinas. A partir de la década de 1960 se crean los primeros movimientos que llevan adelante las luchas por el reconocimiento de los derechos. Luego llegaron las dictaduras del ‘66 y ‘76 donde la represión hacia este colectivo hicieron que las organizaciones se ocultaran.
Con el regreso de la democracia, resurgieron y comenzaron a tener progresos notables en la lucha contra la homofobia, y avances de gran valor para llegar luego, a la ley de matrimonio igualitario y la ley de igualdad de género en el 2012.
Ubicamos el primer antecedente en el año 2002. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires promulgó una ley que establecía uniones civiles para parejas del mismo sexo, convirtiéndose en la primera ciudad en América Latina en hacerlo. La ley fue replicada en las ciudades de Río Negro, Villa Carlos paz, Río Cuarto y Villa María. Si bien garantizó ciertos derechos del matrimonio, como incorporarse a la obra social o visitas hospitalarias, no incluyó el derecho a la adopción o la herencia.
En Santa Fe recién en septiembre de 2003, se reconoció el concubinato de una pareja del mismo sexo domiciliada en Santo Tomé, en un fallo inédito en la región. De esta manera, la jueza, Nora Lapalma, resolvió reconocer el concubinato de dos hombres que llevaban alrededor de 15 años de convivencia. Luego llegó la Ley de Unión Estable de Parejas del año 2008, se trató de un reconocimiento judicial del concubinato, con amplios beneficios jurídicos, entre los cuales estaba la obra social, herencia y bienes en general. No así la adopción.
El primer matrimonio en Argentina se llevó a cabo antes de sancionar la ley nacional. El 28 de diciembre de 2009 a las 16:30 hs, el primer matrimonio civil entre personas del mismo sexo de Latinoamérica y el Caribe pudo ser realizado, en la ciudad de Ushuaia en Tierra del Fuego. La ceremonia entre Alex Freyre y José María Di Bello fue posible gracias al decreto 2996/09 emitido por la gobernadora de la provincia Fabiana Ríos, quien acató el fallo de inconstitucionalidad de los artículos 172 y 188 del Código Civil emitido por la jueza Gabriela Seijas.
Antes de eso hubo varios amparos, uno de los primeros fue el de una pareja de mujeres pertenecientes a la Federación Argentina de Lesbianas, Gays y Trans; todos fueron rechazados.
Luego de 3 años de espera; desde que Vilma Ibarra, entonces Senadora Nacional, presentara el proyecto; el 4 de mayo de 2010, la Cámara de Diputados consiguió el quórum y comenzó el tratamiento de reforma de la Ley de Matrimonio. La sesión, que culminó la madrugada del día siguiente, finalizó dando media sanción a la ley con 125 votos a favor, 109 en contra y 6 abstenciones. Con esta resolución solo faltaba la aprobación en el senado.
Es entonces que, un 14 de Julio al mediodía, se dio comenzó al tratamiento de las reformas de la ley en el Senado. Tras discusiones y posibles modificaciones, ya siendo el día 15 de Julio de 2010, se aprobó el dictamen de modificación de la Ley Civil de Matrimonio, permitiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo, tal cual había sido sancionado en Diputados, con 33 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones.
La nueva ley fue promulgada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en un acto realizado en Casa Rosada, del que participaron representantes de las organizaciones LGBTIQ+.
Solo en el primer año 2.297 parejas contrajeron matrimonio en todo el territorio argentino desde la aprobación de la ley; y en 10 años ya suman más de 20 mil casamientos entre personas del mismo sexo.
Se vivieron horas de mucha tensión. El gobierno a través de la Federal impedía el ingreso de docentes y trabajadores y también que salieran de la institución. La rectora Cristina Caamaño había quedado encerrada en la universidad. Por la tarde, luego del repudio que despertó la noticia y de una concentración en la puerta del edificio, la policía se retiró del lugar.
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