La Privatización de AySA: Habilita Cortes de Servicio por Falta de Pago en Busca de Atraer Capital Privado

El Gobierno de Javier Milei dio un paso significativo en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa estatal que provee agua potable y servicios de saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, publicado el martes 22 de julio en el Boletín Oficial, se reformó el marco regulatorio del servicio, introduciendo cambios que permiten a la concesionaria cortar el suministro de agua a usuarios residenciales por falta de pago, una medida que marca un giro radical respecto a la normativa vigente desde la reestatización de la empresa en 2006.

El DNU habilita la venta total o parcial del 90% de las acciones de AySA que actualmente posee el Estado, manteniendo el 10% restante en manos de los empleados bajo el Programa de Propiedad Participada. Este proceso, que combina una licitación pública nacional e internacional con una oferta pública inicial, busca incorporar un operador estratégico con experiencia técnica para modernizar el sector y mejorar la calidad del servicio. La licitación está prevista para antes de fin de 2025, con adjudicación estimada para mediados de 2026.

Uno de los cambios más controversiales es la autorización para que la nueva concesionaria corte el suministro de agua a hogares que presenten atrasos en el pago de facturas, eliminando la prohibición que existía hasta ahora. Además, se establecieron ajustes tarifarios trimestrales automáticos basados en la inflación y la posibilidad de que los usuarios financien nuevas obras a través de sus boletas, lo que podría incrementar significativamente los costos para los hogares.

Estas medidas buscan garantizar una ecuación económica atractiva para los inversores privados, en un contexto donde el Estado argumenta una "profunda crisis económica" que limita su capacidad para sostener el servicio.
El decreto también otorga a la concesionaria amplias facultades para auditar obras, comercializar excedentes de agua potable o capacidad cloacal, y utilizar los ingresos de la explotación como garantía para financiamiento externo. El Ministerio de Economía será la nueva autoridad de aplicación, y se estableció un período de transición de hasta cinco años para implementar progresivamente el nuevo marco regulatorio.

Un Negocio en Busca de Dólares
La privatización de AySA se enmarca en la estrategia del Gobierno de atraer capital privado para aliviar la presión fiscal, que según el Ejecutivo ha destinado unos 13.400 millones de dólares a la empresa entre 2006 y 2023 sin revertir su deterioro operativo. La apertura al capital extranjero, mediante una licitación internacional, apunta a captar dólares en un contexto de escasez de divisas y alta inflación, que en 2024 ya llevó a un aumento del 331% en las tarifas de AySA, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet).

Sin embargo, la medida ha generado críticas por su impacto en los usuarios, especialmente en un escenario de pérdida de poder adquisitivo. La posibilidad de cortes de servicio y el traspaso de los costos de infraestructura a los consumidores podrían agravar la situación de los hogares, mientras el Gobierno apuesta por la inversión privada como solución para modernizar el servicio de agua y saneamiento en el AMBA.
El proceso de privatización de AySA, que replica en parte el modelo de los años 90 bajo el gobierno de Carlos Menem, continúa avanzando con la promesa de mayor eficiencia, pero también con el desafío de equilibrar los intereses privados con el acceso universal al agua, un derecho esencial.