La prepotencia conquistadora de Joe Lewis debería indignar a todos. Pero no es el único que ostenta sus privilegios y se burla de la democracia: este caso tan brutal debería ser el punto de partida para domesticar a los potentados que se quieren apropiar de todo, hasta de nuestra dignidad.
Editoriales - #NuestraMirada09/02/2022 Gustavo Rosa
El año arrancó movido, como no podía ser de otra manera. Muchos problemas tiene el Gobierno Nacional y debe encararlos con más énfasis si quiere garantizar una buena elección para el año próximo. No la tuvo fácil el presidente: a la exorbitante e ilegal deuda externa tomada por Macri con privados y el FMI y el descalabro económico del plan de negocios que desplegó desde La Rosada se sumó la Pandemia que desconcertó a todo el mundo. A pesar de este escenario, nuestro país está entre los que mejor manejaron la crisis sanitaria y más vacunas inocularon, a lo que se agrega la reactivación en muchos sectores productivos y de servicios, con un crecimiento cercano al 10 por ciento. El ‘debe’ más complejo es revertir la distribución regresiva de la riqueza que, con cada desembarco neoliberal, se profundiza.
Destruir a la manera de Macri es fácil, como quedó demostrado en sus cuatro años de gerencia. Reconstruir es más difícil y cada retorno de un gobierno más o menos popular encuentra una cantidad mayor de empobrecidos. Encima, la minoría beneficiada por el modelo desigualador está cada vez más despiadada y angurrienta; más impune y desaforada. Por eso, cuando el Ejecutivo o el Congreso toman medidas para frenarlos, algún juez obediente al Poder Real dicta una cautelar para proteger esos mezquinos intereses. Ejemplos hay muchos: un juez frenó la intervención de Vicentin, a pesar de las evidencias de sus chanchullos; otros magistrados se arremangaron la toga para evitar que algunos privilegiados contribuyan con el Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas; ninguno se atreve a llamar a indagatoria a Macri, aunque en todas las causas que lo tienen como protagonista sobran las pruebas; otro tribunal servil protege a Clarín para que sus estafas con forma de negocios no sean consideradas servicio público. El 1F fue una protesta contra todo esto y mucho más.
El integrante de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti fue el único que salió a responder a la movilización popular. “Nunca hemos cedido a presiones” aclaró sin rubor. Claro, el que es obediente no se siente presionado: está como pez en la pecera del establishment. Y como no podía ser de otra manera, esputó el lugar común de la “Justicia Independiente” del poder político. Una falacia insostenible pues muchos jueces no fueron ni son independientes del macrismo ni de lo que representa. Esa dependencia no les molesta porque es más pertenencia. Una identificación de clase que atropella leyes, códigos y hasta la propia Constitución. Con esta gentuza la Democracia está en peligro porque esa oligarquía explotadora, estafadora, evasora y fugadora pone en jaque a los gobiernos que no satisfacen sus crecientes apetencias. Desestabilizadores y prepotentes, dispuestos a exhibir garras y colmillos cuando un decreto o una ley amenaza con limar un poco sus privilegios.
Joe Lewis, el magnate inglés que se apropió de un lago, es el caso más reciente de sumisión de todo el poder político y judicial. Hace años que diferentes fallos dictaminan que el terrateniente garantice al acceso al Lago Escondido, que es público al igual que sus orillas y no hay funcionario que lo haga cumplir. Cada año incrementa sus bravuconadas. Para imponer su ley, tiene sus propios gendarmes, una banda de cazadores a caballo que pinchan o vuelcan botes, amenazan con sus armas y secuestran a civiles a la luz del día. Si el gobierno de Río Negro no interviene, es el gobierno Nacional el que tiene que poner orden. Las Fuerzas de Seguridad Federales deberían custodiar a los argentinos que quieren disfrutar del lago. Este es el mejor ejemplo de lo que funciona mal en nuestro país: mientras esto no cambie, ‘soberanía’, ‘patria’, ‘equidad’, ‘dignidad’ seguirán siendo palabras huecas y el futuro será más oscuro.
La disolución de la Dirección Nacional de Vialidad no sólo es un golpe directo a la infraestructura pública del país. Es, ante todo, una muestra contundente de cómo se construye la agenda informativa y política desde una mirada empresarial, en detrimento de los trabajadores.
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Un estudio nacional revela que solo uno de cada ocho trabajadores utiliza la IA de modo regular, y casi la mitad considera que su empresa está retrasada en su implementación.
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Más de 60 trabajadores del Instituto de Tierras Fiscales de la provincia del Chaco fueron despedidos en los últimos días en el marco de un proceso de desmantelamiento institucional que ha generado profunda preocupación en organizaciones sociales, comunidades rurales y sectores vinculados a la producción agropecuaria.