El documento, elaborado por una comisión del Senado y aprobado este martes, fue recibido por el fiscal general, Augusto Aras, que se comprometió a estudiar las acusaciones que salpican a Bolsonaro, cuatro ministros y una decena de legisladores, que por su condición de aforados sólo pueden ser investigados por ese organismo.
La comisión dice haber recabado graves indicios sobre la supuesta responsabilidad del Gobierno en el agravamiento de la pandemia de COVID-19, que ya ha matado en el país a más de 606 000 personas.
En el caso del líder de la ultraderecha, son nueve acusaciones: crímenes contra la humanidad, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica, incitación al delito, falsificación de documentos, uso irregular de dinero público, prevaricación, epidemia con resultado de muerte y atentados contra la dignidad del cargo.
“El fiscal general debe ser defensor de los derechos del pueblo y no del Gobierno de turno. Estaremos vigilantes”, declaró el senador Randolfe Rodrigues, vicepresidente de la comisión, tras la entrega del informe.
Sin embargo, la senadora Simone Tebet, que también participó en la entrega del documento, sostuvo que Aras “mostró mucha firmeza en su compromiso” de llevar adelante la investigación y dijo que ahora los miembros de la comisión esperarán “unos 15 o 30 días” para “observar” cómo se comporta la fiscalía general.
El informe, que acusa a un total de 78 personas y dos empresas de delitos vinculados a la pandemia, será entregado también a otras instancias para que investiguen a los no aforados y, en el caso de Bolsonaro, será remitido incluso a la Corte Penal Internacional de La Haya.
