La Presidencia de la República anunció un pacto tripartita con el sector empresarial y el movimiento obrero para elevar el salario mínimo a partir de 2026 y ejecutar la primera reducción de la jornada laboral en más de un siglo, con una implementación paulatina que culminará en 2030.
Internacionales03/12/2025
La Mecha EncendidaEl gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha concretado un acuerdo tripartita calificado como histórico, al lograr el consenso unánime de los sectores empresarial y obrero para impulsar dos de las reformas laborales más esperadas de la última década. El pacto, anunciado este miércoles desde Palacio Nacional, establece tanto un aumento sustancial al salario mínimo como la hoja de ruta para la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. La mandataria celebró el entendimiento entre las partes y aseguró que el compromiso central de su administración es garantizar el bienestar de las y los trabajadores mexicanos sin poner en riesgo la estabilidad económica del país.
En lo inmediato, el acuerdo establece un incremento del 13% al salario mínimo general, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Con esta alza, la remuneración mínima general pasará de 278.80 pesos a 315.04 pesos diarios, un avance que busca acercar el poder adquisitivo al equivalente de 2.5 canastas básicas, una meta sexenal del gobierno. Este aumento se suma a la trayectoria de incrementos de doble dígito que han permitido la recuperación del 154% del poder adquisitivo del salario mínimo en términos reales desde 2018, alcanzando un nivel que no se registraba desde 1980. El sector empresarial, incluyendo a organismos clave como el Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (Index), respaldó la medida, señalando que la estabilidad económica permite estos ajustes sin sacrificar la competitividad.
La segunda gran reforma, la reducción de la jornada laboral, será abordada mediante un esquema de implementación gradual que fue crucial para alcanzar el consenso con la iniciativa privada. El plan, desarrollado tras meses de mesas técnicas y diálogo social, prevé que la reducción de las actuales 48 horas semanales se ejecute de manera progresiva, con disminuciones de dos horas por año. La ley, una vez aprobada por el Congreso, que cuenta con una amplia mayoría oficialista, entraría en vigor formalmente en 2026. La reducción efectiva comenzaría en 2027, estableciendo una jornada de 46 horas; en 2028 se pasaría a 44 horas; en 2029 a 42 horas, para finalmente alcanzar las 40 horas semanales en 2030. Esta estrategia busca permitir que las empresas adapten sus procesos operativos sin afectar la productividad o generar una ola de despidos, una de las principales preocupaciones de la cúpula empresarial.
La presidenta Sheinbaum y el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, fueron enfáticos al refutar el "mito" de que los aumentos salariales o las mejoras en las condiciones laborales generan presiones inflacionarias. Citaron el récord de inversión extranjera y la estabilidad en los precios de los productos básicos como prueba de que estos avances sociales son compatibles con el crecimiento económico. La reducción de la jornada laboral, además, vendrá acompañada de la obligación patronal de llevar un registro de horas y de permitir hasta doce horas extraordinarias semanales de forma voluntaria, pagadas al doble, con un límite máximo para aquellas pagadas al triple. La expectativa del gobierno es que la reforma beneficie directamente a más de 13 millones de personas, mejorando la calidad de vida, el equilibrio familiar y la productividad general de la nación, siguiendo la experiencia internacional en la materia.
El Gobierno chileno reforzó su vigilancia sanitaria en las fronteras debido al aumento de casos de sarampión en Argentina, un brote que el Ministerio de Salud nacional atribuye a la histórica caída de las coberturas de vacunación, llamando a la población a completar esquemas y a combatir la desinformación.
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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y los organismos sanitarios nacionales han encendido las alarmas en el continente ante el aumento sostenido y preocupante de casos de sarampión en la región, una enfermedad que se consideraba virtualmente eliminada.
La decisión, que agota los recursos judiciales en la instancia más alta, establece un precedente histórico en la región al enviar a prisión a un exmandatario por delitos contra el orden democrático.
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