La decisión de la Cámara Federal de Casación, notificó dejar sin efecto los traslados de los tres jueces cuyos nombramientos se realizaron por DNU, firmado de puño y letra por el entonces presidente Mauricio Macri. Para contrarrestar esta decisión, los jueces designados por el entonces oficialismo macristra, Bertuzzi y Bruglia escribieron una carta a modo de denuncia, dirigida al presidente del Alto Tribunal, Carlos Rozenkrantz.
En ella, Bertuzzi y Bruglia pidieron sus cargos sean coincidentes con los destinos funcionales que presentaba el DNU. Por su parte, el juez Castelli, también se expresó sobre la decisión tomada por la Cámara de Casación, que fallo en su contra.
A pesar del revés judicial que deja es una suerte de "stand by" a los magistrados, en lo dure las disposiciones general y los planteamientos del oficialismo vs la oposición, los jueces gozarán de una "licencia de carácter extraordinario" hasta tanto se definan sus planteos judiciales.
Es necesario hacer mención que los tres jueces cuestionan la legalidad de la decisión del Senado y de los decretos presidenciales que dan marcha atrás con sus traslados. Por eso aseguran que los decretos de Mauricio Macri sólo "deberían ser revocados con intervención judicial".
En su momento, los tres magistrados también habían sido seleccionados para ocupar funciones por un Decreto de Necesidad de Urgencia del Ejecutivo, evidenciando una desmemoriada o por qué no memoria selectiva, en la cual, sin acuerdo del Senado, durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, los 3 jueces fueron nombrados para intervenir en las causas en las que se investigaban los presuntos actos delictivos que involucraban a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Es importante recordar la participación de los jueces y su necesaria contribución a la libertad de Alfredo Hugo Vidal, Rafael Oscar Romero, Daniel Pablo Amarillo, Manuel Luis Ichicovich, Juan Adolfo Ríos, Osvaldo Néstor González, Miguel Olarte y Alberto Mattone, policías de Coordinación Federal y Seguridad Metropolitana procesados por haber cometido crímenes de lesa humanidad entre 1976 y 1977, en el marco de la última dictadura cívico-militar de nuestro país. Los argumentos de los magistrados para conceder la libertad a los policías se basaron el aquellos que enunciaban la obediencia debida y el punto final.
Por su parte hace unos días, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort señaló:
"Sin el acuerdo del Senado, Bruglia y Bertuzzi tienen que volver a los lugares que ocupaban (…) Si no dejan los cargos y no se van de Comodoro Py están haciendo usurpación de cargo y están abandonando su cargo original. No creo que Bruglia y Bertuzzi usurpen el cargo, se pondrían en situación de remoción"
