El presidente de Brasil se reunió con la exmandataria argentina en su domicilio. Fue un gesto político cargado de simbolismo en tiempos de persecución judicial, ajuste económico y retroceso de derechos en la región.
Nacionales03/07/2025 REDACCIÓN LMEEn una visita tan breve como potente, Luiz Inácio “Lula” Da Silva, presidente de Brasil, se reunió este lunes con Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio. El encuentro fue privado, pero trascendió como un gesto político de alto impacto: un presidente en funciones visitando a una exmandataria perseguida por el lawfare en su propio país.
Durante la reunión, ambos líderes compartieron preocupaciones sobre el rumbo político de América Latina. “No se trata solo de lo que pasa en Argentina o en Brasil. Hay un modelo de exclusión que se quiere imponer en toda la región y tenemos que estar unidos para frenarlo”, habría expresado Lula, según fuentes cercanas a la exvicepresidenta.
Cristina, por su parte, agradeció el respaldo y remarcó la importancia de construir una alternativa regional “frente al ajuste, la entrega y el odio que promueven las nuevas derechas”.
El encuentro también tuvo un fuerte contenido simbólico: Lula fue víctima del mismo mecanismo de persecución judicial que Cristina. Ambos fueron proscritos de procesos electorales mediante causas judiciales sin pruebas firmes, y ambos resistieron desde la política y el respaldo popular. Hoy, Lula gobierna nuevamente Brasil y Cristina sigue siendo la dirigente con mayor capacidad de convocatoria en el peronismo.
La foto del abrazo fue publicada en redes con un mensaje breve pero claro: “Siempre es una alegría recibir a un amigo y compañero como Lula. Latinoamérica unida es el único camino”.
En un contexto de retroceso de derechos, entrega de recursos y criminalización de la protesta, el gesto de Lula representa mucho más que una visita. Es una declaración de principios
Una decisión judicial sin precedentes ordena a Vialidad Nacional (VN) a iniciar de inmediato las obras de reparación en los tramos críticos de la Ruta Nacional 40, respondiendo a una presentación formal del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien denunció el grave deterioro de la calzada que pone en riesgo la vida de los conductores.
La propuesta de Reforma Tributaria impulsada por el Gobierno de Luis Caputo planea desmantelar el Régimen Simplificado, forzando a casi 3 millones de trabajadores independientes a migrar al Régimen General.
Mediante un decreto, el Poder Ejecutivo restringe las revisiones obligatorias del Senasa y la Anmat sobre los productos que ingresan al país, priorizando la "celeridad" en las importaciones. La medida reduce las inspecciones antes de que la mercadería llegue a la venta, generando preocupación en torno a la seguridad alimentaria.
El fallo judicial en la provincia de Buenos Aires ordenó la liquidación total de la tradicional firma láctea Lácteos Conosur S.A., controlante de La Suipachense. La medida deja a más de 140 familias sin fuente de trabajo, agravando una situación social que se suma a la reciente quiebra de la también controlada ARSA.
Según el INDEC, el costo de la Canasta Básica Total (CBT) se aceleró en octubre, superando a la inflación general del mes. La canasta alimentaria, que marca el umbral de la indigencia, también registró un fuerte aumento, impactando directamente en la capacidad de compra de los hogares.
La iniciativa busca proteger a la industria textil y a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) argentinas de la "competencia desleal" de plataformas extranjeras, acusadas de destruir la producción nacional y el empleo local al eludir el comercio convencional.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) le quitó un inmueble histórico que había sido otorgado a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo en 2023. La medida, que forma parte de la política de optimización del patrimonio estatal, se basa en que la propiedad se encontraba desocupada desde hace aproximadamente una década.
El gigante fundado por Marcos Galperin se beneficia de un fuerte aumento en los subsidios fiscales del Estado argentino, superando los USD 350 millones acumulados en los últimos cinco años. La situación genera ruido justo cuando el Gobierno discute una reforma profunda en el sistema tributario nacional.
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