Desde junio, rige en Argentina un nuevo marco de “desregulación total” del mercado de gas envasado. Esto significa que el Estado dejó de fijar precios máximos para las garrafas de 10, 12 y 15 kilos, y ya no obliga a las empresas distribuidoras a garantizar el abastecimiento a precios accesibles.
En pocas semanas, el impacto fue inmediato y profundo: en distintas provincias, el precio de una garrafa de 10 kg pasó de $4.900 a más de $12.000, según relevamientos de organizaciones sociales y defensorías del pueblo. En zonas rurales y barrios populares sin red de gas natural, la garrafa es la única fuente de energía para cocinar, calefaccionar y calentar agua. Por eso, el aumento no solo es injusto: es regresivo y profundamente excluyente.
En palabras de Lucía Cavallaro, vocera de la Multisectorial contra el Tarifazo: “Esto condena a millones de familias a elegir entre comer o calefaccionarse. Y mientras tanto, el gobierno celebra la libertad de mercado. ¿Libertad para quién?”.
Además del fin del precio regulado, también se desmanteló el programa Hogar, que subsidiaba parte del valor de la garrafa para los sectores de menores ingresos. Aunque desde el Ejecutivo afirman que el mercado “se autorregulará”, en los hechos crece el riesgo de desabastecimiento en zonas alejadas, donde ya no resulta rentable transportar el producto.
Esta medida se inscribe en una lógica más amplia de retiro del Estado y desprotección social, que transforma derechos básicos en bienes de lujo. El gas no es un producto suntuario: es un servicio esencial, y su acceso debe estar garantizado como parte de una política pública igualitaria.
